La Contraloría General de la República advirtió una serie de falencias en las finanzas de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo durante la gestión de la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI), quien gobernó la comuna entre 2008 y 2020.
En un informe de casi 200 páginas, el ente contralor da cuenta de irregularidades en el proceso de rectificación de subvenciones escolares por gastos realizados desde 2015, así como en la labor fiscalizadora de instituciones ligadas a la educación, consignó La Tercera PM.
Lo anterior es parte de lo que motivó al actual alcalde Christopher White a querellarse contra Cuevas en 2021, quien acusa un mal uso de los recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferente (SEP) y del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), y por lo cual la Fiscalía investiga a la exjefa comunal por presuntos delitos de fraude al Fisco, malversación de recursos públicos y desfalco.
El municipio reafirmó en un comunicado que hubo una "negligente y mala administración financiera que existía en la gestión anterior", relevando que además de desconocer dónde fueron a parar los recursos no acreditados, desde el 2015 no existen memorias o balances anuales de la corporación.
En suma, para la administración en curso esto implicó "recibir una institución quebrada, pero además con cifras adulteradas y falsas, sumado a un gigantesco desorden financiero, un gran déficit presupuestario y una deuda de arrastre de la cual aún no se determina su real magnitud".
Ante los últimos hallazgos de Contraloría, la alcaldía anunció que evalúa presentar "nuevas acciones legales para perseguir responsabilidades, tanto a nivel administrativo como penal, buscar a los responsables de esta colosal defraudación y hacer justicia, porque con la plata de los niños no se juega".
RENDICIONES CUESTIONADAS
En el detalle, la Contraloría revisó las ocho rectificaciones a las declaraciones de gastos realizadas entre 2016 y 2021 -cuando la entonces diputada designada fue sustituida por el concejal Leonel Cádiz (PS)-, y sostiene que si bien los gastos pendientes por justificar han disminuido desde ese entonces, queda por corregir el desembolso de más de 8 mil millones de pesos.
El informe determina que en 2021 se intentó rectificar el pago de remuneraciones entre 2015 y 2017 por un monto superior a 2.555 millones de pesos, mas tales recursos habían sido rendidos en esos mismos años. Además, se reconoció que 266 gastos de los FAEP entre 2019 y 2021 fueron declaraciones duplicadas, pues sus pagos fueron rendidos con el mismo RUT del proveedor y con la misma boleta o factura.
Por otro lado, la Contraloría cuestiona que algunos montos fueran declarados en 2019 por un precio superior al que realmente fue pagado, y asimismo, que entre 2016 y 2022 la corporación rindiera gastos por 1.300 millones que nunca fueron justificados, y que fueran catalogados como "Fondos por rendir".
Otros problemas mencionados son la falta de cierres contables, depósitos y abonos bancarios no registrados, cheques y giros no cobrados, transferencias irregulares y la falta de acreditaciones de pagos rectificados. Además, se acreditan compras -al menos hasta 2021- de elementos que no se ajustaban a los requisitos que establecen los fondos del Plan de Mejoramiento Educativo, como teléfonos, televisores, entre otros.
El ente contralor remitió estos antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que revise el caso y se querelle, si así lo estima, y anunció que "instruirá un procedimiento disciplinario en la corporación municipal, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas".
FALTA DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
El informe también apunta a la Subsecretaría de Educación, puesto que "no consta que haya efectuado un monitoreo a los procesos rectificatorios que ha realizado la Corporación de San Bernardo", al tiempo que alerta una "falta de fiscalización de la Superintendencia de Educación en los gastos rectificados", y hace notar falencias de su plataforma web que permitieron duplicar las rendiciones.
En la misma línea, cuestiona el rol de la Dirección de Educación Pública, pues no ha realizado las validaciones de gastos revisados por las seremis correspondientes, además de no mantener las rendiciones que aplicó la corporación a la superintendencia y no haberse coordinado con las demás instituciones.
Al respecto, la Superintendencia dijo a LT que la Corporación de San Bernardo ha sido fiscalizada desde 2012 rechazando más de 7 mil millones de pesos, y detalló que en esos controles revisaron "las rendiciones de cuentas, logrando identificar aquellas que se encuentran duplicadas, las que serán fiscalizadas dentro de este año y descontadas según corresponda".
La institución agregó que está optimizando los procesos y contrató una auditoría externa en el caso de la rendición de cuentas "con el objetivo de detectar posibles deficiencias", y que en materia de coordinación, "se conformó, en conjunto con la subsecretaría y la DEP, un comité de Supervigilancia de Procesos, cuyo objetivo principal es coordinar el seguimiento y gestión de recursos entregados a los sostenedores que reciben aportes del Estado".
LA DEFENSA DE CUEVAS
Consultada por el vespertino sobre la investigación, Cuevas argumentó que los cambios a la Ley SEP generaron la objeción en determinadas rendiciones de cuentas: "Los respectivos documentos se encuentran a disposición de la actual administración y en la corporación. Es así que frente a las objeciones planteadas, los procesos ya han sido rectificados en una gran parte respecto de los fondos cuestionados".
No obstante, admitió que "el informe de auditoría de la Contraloría dio cuenta de defectos formales, los cuales solicita subsanar".
Por lo anterior, "desde ya declaro mi colaboración con la investigación, así como sostengo mi inocencia de los hechos imputados y reafirmo mi compromiso con San Bernardo y su mejor progreso".
