El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó querellas este miércoles contra cuatro funcionarios del Gobierno Regional de La Araucanía por su eventual participación en los aportes de dinero que recibieron las fundaciones EDUCC y FOLAB.
Desde el GORE que dirige Luciano Rivas, el único gobernador de oposición en el país, salieron recursos públicos que están siendo investigados, situación que ha provocado diversos allanamientos por parte de la PDI.
En ese marco, los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz Rivera, directivos de ambas organizaciones, fueron imputados en agosto por presunta apropiación indebida y permanecen en prisión preventiva.
Al respecto, el gobernador Rivas afirmó que "somos los más interesados en que esto llegue pronto a resultados y, obviamente, la misma voluntad que ha tenido este gobernador, la tienen sus funcionarios para esclarecer los hechos. Esperamos un pronto cierre de esta investigación por parte del CDE y estamos a disposición de apoyar en todo lo que sea necesario", manifestó.
Igualmente, la semana pasada, Rivas apuntó que Contraloría no encontró mayores dificultades a la hora de investigar los aportes.
Por otro lado, el diputado Miguel Mellado (RN) señaló que los involucrados "son inocentes hasta que se demuestre lo contario, hasta que el CDE pruebe lo que está queriendo decir".
Aseveró, asimismo, que "es grave que cuatro directores estén involucrados en este tema, y la fundación Folab y la otra son niños símbolos de la corrupción que pueden producir estas empresas en la Región de La Araucanía".
La diputada Ericka Ñanco (RD) acusó que "hay funcionarios que actuaron de forma concertada para defraudar al Gobierno Regional, y no son cualquier funcionario, sino jefes de distintas divisiones".
"Por lo tanto, también hay responsabilidades tanto administrativas como políticas que debe tomar el gobernador Luciano Rivas. Las responsabilidades penales están siendo investigados por el ministerio público, que me parece el camino correcto ante delitos que posiblemente correspondan a casos de corrupción", apuntó.
Las indagatorias de la Brigada de Delitos Económicos y la Contraloría General de la República continuarán tras la presentación de dicho instrumento procesal.