La comisión investigadora por el Caso Convenios de la Cámara de Diputados decidió citar a declarar por tercera vez a Miguel Crispi, el jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, el lunes 6 de noviembre.
La reunión tendrá por objetivo reunir información acerca de las transferencias realizadas en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, una de las aristas que se investigan en el caso Convenios.
Crispi, también exdiputado, había declinado asistir a las dos primeras citaciones argumentando que está contratado a honorarios y, por lo tanto, no sería técnicamente un funcionario público.
Sin embargo, la tesis de La Moneda fue echada por tierra por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien señaló que "cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas".
José Miguel Castro (RN), presidente de la instancia, aseguró que "no nos van a doblar la mano a nosotros La Moneda en ningún caso ni menos a este presidente. Ha salido esta citación y esperamos que él concurra".
"Si ya no llega a venir el 6 este caballero, otro va a ser el trato y ha sido bastante bueno hasta ahora", añadió.
Por su parte, Juan Antonio Coloma (UDI) dijo que "nosotros esperamos que el señor Miguel Crispi venga en forma pública a dar conocimiento de los antecedentes y no pretenda esconder ningún tipo de respuesta en un eventual secretismo. Ese sería simplemente el peor de los escenarios o que el señor Crispi venga y pida sesiones secretas, la verdad es que prefiero ni siquiera ponerme en ese escenario, porque ahí pasaríamos de la transparencia total que nos dijo el Presidente Boric al oscurantismo absoluto del señor Miguel Crispi".
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, sostuvo que "Crispi es un gran profesional, una persona que ha aportado en distintas cosas en que ha estado, pero yo no quiero hablar para atás, yo creo que si él dijo que iba a ir y a su vez la comisión lo citó, yo creo que ya se empieza a encontrar una línea para enfrentar este problema".
RESPUESTA DE LA MONEDA A CONTRALORÍA, "EN PROCESO"
En una rueda de prensa en La Moneda, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que la respuesta del Ejecutivo a Contraloría "está en proceso".
"Dijimos que íbamos a responder a la solicitud de la Contraloría. Nos parece bien aclarar la posición o la interpretación jurídica del Ejecutivo ante la inquietud", señaló la portavoz del Gobierno.
Respecto a la citación a Crispi para el próximo lunes 6, la ministra indicó que "el asesor en cuestión mostró disponibilidad frente a la insistencia de poder asistir y lo va a hacer en la fecha indicada".
"Nosotros pensamos que podría haber sido esta semana, pero va a demorar un poco más", concluyó.
ILABACA RESPONDIÓ A TIMONEL RD
Desde el Socialismo Democrático, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, valoró la decisión que tomó el Gobierno, pero advirtió que aún existe una controversia jurídica que se debe resolver.
"Hoy día lo importante es ver de qué manera la comisión investigadora resuelve uno de los problemas más grandes que ha golpeado la democracia, que es el caso convenios. Obviamente, la actitud que ha asumido el señor Crispi ha logrado derivar la discusión en otros temas. Si hubiera asistido la primera vez, el señor Crispi no se hubiera conversado de este tema, y tendríamos las conclusiones listas para poder ser presentadas al país, pero lo que hizo el señor Crispi y La Moneda fue establecer una controversia jurídica que creo que es necesario dilucidar", indicó el parlamentario.
Ilabaca también respondió a las declaraciones del presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, quien el viernes puso en duda la "lealtad" de ciertos parlamentarios del Socialismo Democrático respecto a la polémica de Crispi y el caso convenios.
"El señor Vela se olvida de que quienes levantaron la forma de defraudar fueron, lamentablemente, militantes de RD. El señor Crispi, que se negó a asistir a la comisión, es militante de RD. Es Revolución Democrática y él como presidente quienes deberían asumir la responsabilidad de lo que sus militantes desarrollaron. Hoy, lamentablemente, los poco leales no están en el Socialismo Democrático, quienes hemos estado apoyando permanentemente al Gobierno del Presidente Gabriel Boric", manifestó el diputado socialista.
MESA DE LA CÁMARA DEFIENDE ROL FISCALIZADOR DE LA CORPORACIÓN
Por otra parte, la mesa de la Cámara Baja confirmó durante la tarde que, a petición de las bancadas de Chile Vamos y del Partido Republicano, envió una carta al Presidente Boric en la que defiende la labor fiscalizadora de la Corporación, con plena independencia de otros poderes del Estado.
Todo esto, luego de que el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijera que los asesores de la Presidencia tienen un "estatus distinto" y que en virtud de eso no estaban obligados a asistir a declarar en comisiones.
Sin mencionar directamente a Cordero, la misiva de la directiva de los diputados sostiene que aquellos dichos son "interpretaciones jurídicas que en caso alguno pueden menoscabar la independencia de este poder del Estado".
En el oficio remitido al Mandatario "le señalamos que esta Cámara tiene facultades intactas en materia de fiscalización, y que las declaraciones vertidas por distintas autoridades de Gobierno las entendemos como propias de interpretaciones jurídicas que en caso alguno pueden menoscabar la independencia de este poder del Estado", reforzó el timonel de la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes (DC).
INASISTENCIA DE EXMINISTROS DE PIÑERA
Otra polémica se generó en esta instancia, ya que tras ser invitados -en calidad de exfuncionarios públicos- los exministros Felipe Ward y Nicolás Monckeberg no asistieron ni enviaron excusas.
Raúl Soto (PPD) dijo que "me parece inaceptable, es el mismo deber ético y político que creo que le asiste a los exministros del Presidente Sebastián Piñera, Ward y Monckeberg, aunque no tengan la calidad de funcionarios públicos por ser exministros y aunque no se les haya citado, sino que se les haya invitado, yo creo que ética y políticamente están incurriendo en una falta grave".
En paralelo, Ericka Ñanco (RD) aseveró que "se ha chacreado el objeto de la comisión, porque ellos debiesen tener harto que decir si en su periodo se firmaron convenios y se instalaron formas de traspasos de fondos que hasta el día de hoy siguen operando, entonces debieran ellos también tener la obligación de ir a la comisión".
Hoy, la comisión escuchó escuchó en forma telemática al consejero regional (core) de Magallanes Alejandro Riquelme, quien expuso sobre la situación que se ha denunciado en esa región austral del país respecto al caso convenios.
"En esta región se están rindiendo mascarillas que valen apenas 90 pesos a más de 2.700 pesos. Como fundaciones, además, rinden dinero con facturas de los mismos familiares, hermanos de los presidentes de esta fundación. Toda esta situación ya fue denunciada a Contraloría y está siendo investigada por el Ministerio Público", relató la autoridad ante la instancia.
