El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó nuevamente el escándalo por los casos convenios y los efectos que pueden seguir conllevando al Gobierno, advirtiendo que aunque aún hay cosas por analizar, ya hay otros puntos que han ido quedando claros, entre ellos los "riesgos extremadamente altos" que tiene para el Estado la asignación de recursos a fundaciones muy nuevas.
Los cuestionamientos por las transferencias directas desde organismos estatales a fundaciones ya alcanza nueve regiones con distintas causas, en su mayoría asociadas a sectores del Frente Amplio, lo que ha provocado una crisis al interior del oficialismo y el Gobierno.
Frente a esto, Cordero alertó que "todavía tenemos bastante que ver" respecto a la polémica, pero que de todos modos ya "hay un parámetro común: normas de transferencias demasiados porosas, por un lado, que generan condiciones de vulnerabilidad muy grandes en la gestión pública".
"De hecho, producto de las facilidades que tiene la ley, (las fundaciones) tienen una constitución con mucha rapidez, y ahí, evidentemente, cuando el Estado asigna fondos a corporaciones o fundaciones que tienen muy poco tiempo, los niveles de exposición de riesgo son extremadamente altos", advirtió el secretario de Estado en entrevista publicada este domingo por El Mercurio, dando cuenta también que el resto de los parámetros "todavía forman parte de la investigación".
MEDIDAS PARA AFRONTAR EL PROBLEMA
En cuanto a los antecedentes solicitados por su cartera a fundaciones, el ministro informó que "Democracia Viva remitió parcialmente antecedentes, ha solicitado prórroga", mientras que en el caso de las otras "tienen todavía plazo vigente para responder, que vence el martes de la próxima semana".
Además de estas medidas de fiscalización, recordó que desde el Ministerio de Vivienda también se anunció la revisión del modelo de transferencia y las exigencias sobre las cuales descansa el sistema de transferencias.
"El ministro (Carlos) Montes ha señalado que esto se ha detenido, mientras no se reordene el instrumento administrativo como lo están ejecutando en la actualidad", profundizó el titular de Justicia, quien aseguró también que esta delicada situación "es una oportunidad para que los gobiernos regionales comiencen a mirar -esto ya no depende del gobierno central- la forma y modo en que han estado ejecutando y realizando los convenios de transferencia".
Finalmente, Cordero admitió al medio antes citado que asumió un rol protagónico y de vocería en esta crisis que enfrenta el Ejecutivo, dado que "al ser un tema muy de las galeras del derecho administrativo, probablemente eso ha llevado a que el Gobierno considere que puedo aportar en la definición de contenidos y, sobre todo, orientación estratégica".
Asimismo, en "Estado Nacional" de TVN, el secretario de Estado puntualizó que "me llama la atención es que cuando hay conocimiento pleno, se toman las decisiones de modo inmediato. Lo que yo estoy a cargo es de determinar y de identificar bien los momentos, los hitos en que el Estado y sus autoridades toman conocimiento en el fondo, La Moneda sabe el 16 (de junio). Yo no tengo ningún antecedente de que Miguel Crispi hubiese tenido conocimiento antes. Yo le puedo decir respecto de todos los antecedentes que nosotros hemos elaborado para efectos de determinar los momentos en que se adoptaron las decisiones".
BANCADA RN PRESENTARÁ UNA SERIE DE PROYECTOS QUE BUSCAN RESGUARDAR LOS RECURSO DEL ESTADO
En paralelo a las medidas del Gobierno, la bancada de Renovación Nacional (RN) trabaja en la presentación de 14 proyectos de ley y una serie de medidas administrativas sobre probidad que tienen como fin resguardar los recursos del Estado.
"Hemos sido quienes han liderado la fiscalización del caso convenio a nivel nacional, pero llegó la hora de complementar esta fiscalización con medidas legislativas y administrativas: hemos presentado 14 proyectos de ley y 27 medidas administrativas que nos van a ayudar a tener una mejor entrega y fiscalización de los recursos públicos", detalló el jefe de bancada RN en la Cámara Baja, Frank Sauerbaum.
El diputado opositor llamó al Gobierno "a dejar este negacionismo en contra de la corrupción que ellos mismos han generado y a reconocer que se han equivocado, para así poder emprender una agenda legislativa que le dé certeza a los chilenos de que los recursos se utilizan adecuadamente".
Dentro de los proyectos de ley, se destaca el endurecer las sanciones a funcionarios públicos que hayan tomado conocimiento de hechos constitutivos de delito, fortalecer la fiscalización de parte de la Cámara de Diputadas y Diputados y exigir un giro comercial compatible a la ejecución de labores que emanen de convenios con el Estado.
