En entrevista con El Diario de Cooperativa, el gobernador de La Araucanía, René Saffirio (independiente), denunció este jueves que las investigaciones por millonarios traspasos de fondos públicos durante la administración de su antecesor, Luciano Rivas (Evópoli), se encuentran estancadas.
Según la autoridad, el proceso enfrenta un grave conflicto de interés que involucra al fiscal regional, Roberto Garrido.
"Tenemos un gran problema. El mayor problema que tenemos tiene que ver con que tenemos un Ministerio Público que no investiga. Ellos, a petición de este gobernador, allanaron las dependencias de la Agencia de Desarrollo, se llevaron toda la información, pero en esa información también estaba contenido lo referido a la investigación no solo de esta red a la que he hecho referencia, sino que a la Universidad Autónoma y la Fiscalía Regional no investiga porque el fiscal regional es empleado también de la Universidad Autónoma", dijo Saffirio.
De acuerdo con los antecedentes del caso entregados por el gobernador, los recursos en cuestión fueron transferidos durante el periodo de Rivas (2021-2025) hacia representantes de diversas empresas, varias de ellas vinculadas a empresarios locales.
Un punto crítico de la denuncia apunta directamente a la Universidad Autónoma, institución que habría recibido el traspaso de 21.000 millones de pesos.
Saffirio describió la existencia de "un diseño ejecutado durante prácticamente cuatro años en la administración anterior, orientado a transferir recursos a entidades privadas bajo el pretexto de superar las dificultades económicas por efecto de la pandemia, y que dichos recursos mayoritariamente terminan en manos de actores políticos, sus familiares o de amistades de quien a la sazón era el gobernador regional".
Vínculos políticos y beneficios cruzados
El gobernador profundizó en el alcance de la red, mencionando nombres de la escena política nacional.
"Hay compromiso de actores relevantes de la política nacional: un exdiputado, su cónyuge, su suegro, su suegra y su cuñado. Además, un expresidente de un partido que hoy día está en el Gobierno, como es el Partido Republicano en el caso de don Alejandro Martini, y el exparlamentario don Diego Paulsen (Renovación Nacional)".
Asimismo, subrayó que en el caso de la casa de estudios los beneficios son directos: "Hay contratos suscritos después que se hizo la transferencia entre la Universidad Autónoma y familiares del exgobernador", sostuvo.
Acciones legales y rol de Contraloría
Ante la parálisis que acusa en el Ministerio Público, Saffirio destacó que la Contraloría General de la República está realizando un "gran esfuerzo para poder avanzar en estos procesos".
Asimismo, la autoridad regional confirmó que ya instruyó acciones administrativas y judiciales para recuperar el patrimonio fiscal.
"No puede haber impunidad. Necesitamos recuperar esos recursos y en ese proceso estamos ahora, independientemente de quiénes sean los responsables, de qué sector político pertenecían, pertenecieron o pertenecen. A mí, de verdad, me da exactamente lo mismo. Lo importante es que no haya impunidad por una parte, pero que además podamos recuperar los recursos y poder trabajar con esos recursos para la región", concluyó.
