La instancia fue reprogramada para la próxima semana, fecha en que también se revisará la acción de capítulos contra Ángela Vivanco.
La abogada querellante María Inés Horvitz calificó como "llamativo" el pedido de la defensa del exfiscal.
La séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago suspendió este miércoles la audiencia en que se iba a revisar la querella de capítulos que presenta la Fiscalía Nacional contra el exfiscal Manuel Guerra, acusado por varios delitos después de que se descubriera que supuestamente favoreció al abogado Luis Hermosilla en diferentes causas, incluidas gestiones irregulares en el caso Penta.
La sesión fue reprogramada para la próxima semana, cuando también se verá la querella de capítulos contra la exmagistrada Ángela Vivanco.
La querella contra Vivanco se suspendió inicialmente el pasado lunes, ya que tanto ella como Guerra son representados por el mismo abogado, el ex defensor nacional Carlos Mora. Se priorizó la causa de Guerra, por haber sido ingresada con anterioridad, con el fin de revisarla este miércoles.
Sin embargo, la audiencia del ex fiscal también fue suspendida este miércoles. La razón del nuevo aplazamiento fue la solicitud de recusación de una abogada integrante del tribunal por parte de la defensa del exfiscal, a cargo del abogado Felipe Polanco.
Polanco enfatizó que se trata de "un derecho que le asiste a todo litigante", ya sea del Ministerio Público, la defensa o en el ámbito civil, que no se basa en alegar "falta de imparcialidad ni ningún otro criterio".
La abogada querellante María Inés Horvitz señaló que resultaba "llamativo" que se invocara este derecho de recusación justo después de que la audiencia de Vivanco se suspendiera específicamente para dar paso a la vista de la querella contra Guerra, resultando en que ninguna de las dos se llevara a cabo durante la jornada.
La importancia de estas querellas de capítulos radica en que representan una etapa procesal obligatoria antes de que las fiscalías puedan formalizar a las exautoridades con medidas cautelares. Debido a que los delitos imputados habrían ocurrido mientras Vivanco ejercía como ministra de la Corte Suprema y Guerra como fiscal regional, este paso equivale al desafuero requerido para autoridades políticas o parlamentarios.
