Los alegatos del abogado de Ángela Vivanco, Jorge Valladares, dieron inicio a la tercera jornada de formalización en contra de la exministra y otrora vocera de la Corte Suprema, quien es acusada por la Fiscalía de los delitos de cohecho y lavado de activos, en el marco del caso "Muñeca bielorrusa".
El Ministerio Público pidió al tribunal su prisión preventiva.
El jurista inició su exposición detallando las irregularidades desde la notificación inicial por parte de la Comisión de Ética del Poder Judicial. Según el defensor, la indagación se activó simplemente por "aparecer mencionada en conversaciones sostenidas en la plataforma denominada WhatsApp", lo cual consideró un fundamento insuficiente para una persecución de tal magnitud.
Ante lo que calificó como una "grave vulneración", Valladares confirmó que el caso ya escaló a instancias internacionales. "Mi representada ha reclamado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esto, trámite que se encuentra pendiente con una ampliación de plazo a tres meses para que conteste el Estado de Chile", señaló el abogado.
"Lo que estamos sosteniendo, y para que no haya margen de duda, es que no se ha cumplido el estándar mínimo del debido proceso penal. Y si no se reúne eso, entonces no puede ser utilizado. La regla es así de sencilla", puntualizó.
"Hubo una camotera institucional"
Con ello, Valladares añadió que "no podemos, su señoría, decir que esto no ha estado asesorado jurídicamente. Estamos hablando precisamente del máximo tribunal de la República, que por cierto en sus votaciones finales donde se promueve la destitución y el inicio del cuaderno de remoción y luego la destitución, había ministros que incluso habían participado en las votaciones de las causas por las cuales particularmente el caso de Belaz Movitec".
"Aquí parece que hubo una verdadera camotera institucional donde, en definitiva, Ministerio Público y el Poder Judicial, las emprenden a partir de la información aparecida en los medios de comunicación social", enfatizó.
Valladares añadió que "tampoco podemos decir que el señor fiscal nacional, don Ángel Valencia, no fue asesorado, porque al pie de firma de las resoluciones aparecen la media firma o la mosca y las iniciales de responsabilidad del director de la Unidad Anticorrupción, que es don Eugenio Campos Lucero, y además, correlativamente, la del abogado que estuvo a cargo de la redacción, que es don Hernán Libedinsky Moscovich, quien hoy día además es fiscal regional de Aysén", personas "de la confianza absoluta" de Valencia.
La acusación de la Fiscalía
El Ministerio Público sostiene que la destituida magistrada recibió una millonaria coima en dólares para favorecer judicialmente al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec (CBM), en medio de una disputa judicial que mantenía con la cuprífera estatal Codelco.
El ente persecutor sostiene que el soborno llegó a sus manos gracias a la intermediación de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas -ambos actualmente en prisión preventiva-, que representaban a CBM en el referido litigio; esquema en el que también participó el esposo de Vivanco, Gonzalo Migueles.
Asimismo, Fiscalía denuncia que Vivanco no se inhabilitó de participar en las causas referentes a CBM pese a sus vínculos con Lagos y Vargas; que aceleró la tramitación de recursos a favor del consorcio; y que, posteriormente, lavó los dineros obtenidos.
Por último, durante la segunda audiencia de formalización realizada el martes, el Ministerio Público expuso que la otrora magistrada coincidió, en varios viajes, con al menos un integrante del directorio de CBM.
Durante el proceso, Vivanco se encuentra recluida en una sección especial de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, debido a su situación penal "de alta connotación pública", dijo Gendarmería.
