Paz Fuica, presunta "mano derecha" de Carlos Contreras, está imputada por tres delitos de fraude al fisco.
La edil fue la tercera detenida en la zona por este caso, después del exseremi Contreras y Daniel Andrade, representante legal de la cuestionada fundación.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó este viernes la prisión preventiva de la concejala Paz Fuica por su presunta implicancia en el caso Democracia Viva.
Fuica, cuya militancia en Revolución Democrática (RD) fue suspendida hace unos días, es la tercera detenida en la zona por este caso, luego del exseremi de Vivienda Carlos Contreras y del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, quienes fueron formalizados por tres delitos de fraude al fisco y que actualmente se encuentran en prisión preventiva
Durante la audiencia de ayer se escuchó al Ministerio Público y a los querellantes, mientras que para este viernes se concretó la medida cautelar gravosa contra la consejala y se fijó un plazo de investigación de cinco meses.
El Ministerio Público -que la acusa de tres delitos de fraude al fisco- afirmó que Fuica tiene la misma participación que Andrade y Contreras, razón por la cual se consideraba un peligro para la seguridad de la sociedad, y arriesga entre 10 y 20 años de cárcel.
"El tribunal estimó que se encontraba, para los efectos de una medida cautelar, acreditada la existencia de delitos reiterados de fraude al fisco, en este caso al menos dos, dado que en uno de los convenios se fraccionaron los montos", detalló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
De acuerdo al persecutor, el juzgado estimó que "ella había participado activamente para que se pudiesen suscribir los distintos convenios entre el Minvu y la fundación Democracia Viva".
🔴 AHORA. Acogiendo una petición de la Fiscalía de #Antofagasta, el Juzgado de Garantía dispuso prisión preventiva para la imputada Paz Fuica Contreras, quien es investigada por el delito de fraude al fisco reiterado en la arista Democracia Viva del #CasoConvenios pic.twitter.com/nx6SKI6NyM
— Fiscalía Regional de Antofagasta (@FRANTOFAGASTA) January 12, 2024
Cabe recordar que la edil fue detenida por personal de la PDI el miércoles por la tarde, actuación que la defensa consideró una medida excesiva por parte de la defensa -alegando que Fuica había señalado que declararía voluntariamente-, sin embargo, el tribunal decretó que el arresto se apegó a la legalidad.
Fuica ha sido sindicada como la presunta "mano derecha" de Contreras, cuando éste ejercía como seremi de Vivienda. Anteriormente fue encargada territorial de la diputada Catalina Pérez (también con militancia en RD suspendida), hasta que en 2021 fue electa concelaja.
La defensa, por su parte, apostó -sin éxito- a tratar de demostrar que la edil no fue autora de los delitos señalados, sino que era una trabajadora que cumplió las funciones que se le pedían desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
"Se darían los presupuestos para la prisión preventiva, ¿por qué? Porque la necesidad de cautela se basaría en el número de delitos, en la pena, es decir, antecedentes objetivos. Sin embargo, principalmente nosotros como defensa estamos discutiendo también la existencia del delito y la participación", sostuvo su abogada Karina Trujillo.
"Porque si bien se reiteró que la Corte (de Apelaciones) y el Juzgado de Garantía respecto de Contreras y Andrade habían establecido fehacientemente la existencia del delito y la participación, no podemos comparar la situación de ellos con la situación de nuestra representada, partiendo por la base de que nuestra representada sí prestó servicios, no es funcionaria pública", complementó.
"A nuestro entender, se daban todos los presupuestos" para encarcelar a Fuica, opinó tras la audiencia el abogado querellante Pablo Toloza, argumentando que se habla de "tres delitos reiterados de fraude al fisco; a la concejal le corresponde la calidad de autora de ellos y la prognosis de pena es de crimen, y por tanto, ameritaba como medida cautelar la prisión preventiva".
Desde el Municipio de Antofagasta, el concejal Luis Aguilera admitió que "para mí es un tema bien incómodo en lo personal, porque nos afecta la situación que está viviendo la colega, pero las responsabilidades hay que asumirlas, y si se cometió un delito se debe castigar con todo el rigor de la ley y a todos por igual, porque la corrupción no tiene color político".
