La Dirección de Presupuestos, encabezada por Javiera Martínez, militante de Revolución Democrática -partido involucrado en el caso Convenios-, salió a aclarar el papel que jugó en la validación de los recursos para un contrato que el Gobierno Regional de Antofagasta le asignó a una fundación cuyo giro está alejado formalmente de la labor requerida, y que ha sido cuestionado por parlamentarios de la zona.
La información fue publicada por el portal Ex-Ante, según el cual, el 14 de junio del 2022, el entonces subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), el también RD Miguel Crispi -hoy jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda- envió un oficio al gobernador Ricardo Díaz, exmilitante de RD.
En el documento, Crispi respondía favorablemente a la solicitud de validación del convenio "Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica", que el Gobierno Regional (GORE) había asignado en forma directa a la fundación ProCultura, por 630 millones de pesos.
Aquello pese a que las actividades económicas registradas por la ONG en el Servicio de Impuestos Internos señalaban la "venta al por menor de libros en comercios especializados, edición de libros, otros tipos de enseñanza" y de "fundación y corporaciones; asociaciones que promueven actividades".
La organización "presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto", expuso Crispi en el oficio.
ROL DE LA DIPRES ES "PROCEDIMENTAL"
El convenio también fue validado por Martínez, quien como directora de Presupuestos aprobó la asignación de las platas del GORE.
Ante esa información, la Dipres explicó que, "para este tipo de acto administrativo, solo realiza la modificación presupuestaria respectiva en virtud de decreto de Hacienda 2553 del 2021 y el numeral 5.5 glosa 02 común de los programas de inversión de los gobiernos regionales de la Ley de Presupuestos 2022".
"Para proceder al acto administrativo, la Dipres verifica que el proyecto tenga aprobación del Consejo Regional (CORE), tenga recomendación técnica favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y exista disponibilidad de recursos en el Gobierno Regional. Con estos antecedentes la DIPRES debe elaborar la resolución respectiva que posteriormente va a toma de razón en la Contraloría General de la República", continuó.
Asimismo, precisó, "esta tramitación es procedimental y no se pronuncia sobre el mérito del gasto ni de la institución ejecutora tal como lo establece la normativa; de la misma manera que cuando Contraloría toma razón del decreto, solo verifica el cumplimiento de la legalidad del gasto, la Dipres verifica el cumplimiento de la normativa presupuestaria".
Como muestra, puntualizó que durante el 2022 la Dipres realizó 2.364 decretos de modificación presupuestaria, que obtuvieron la toma de razón por parte de la Contraloría.
GORE DE ANTOFAGASTA SALE AL PASO
"Otro convenio más", reprochó en redes sociales el diputado José Miguel Castro (RN), quien anunció el ingreso de un requerimiento ante la Contraloría.
Mediante una declaración pública, el Gobierno Regional de Antofagasta respondió que el proyecto en cuestión fue "evaluado conforme a la regulación del Sistema Nacional de Inversiones y tuvo numerosas revisiones, entre ellas, la acreditación de la fundación como entidad subejecutora por parte de la Subdere, aprobación técnica del programa por parte del gobierno regional, aprobación del Consejo Regional, aprobación mediante toma de razón de la Contraloría y la aprobación de la asignación presupuestaria de la Dirección Nacional de Presupuesto".
Además, relevó que ProCultura "tiene más de una década de trabajo relacionada con inmuebles, patrimoniales, zonas típicas y restauración de inmuebles patrimoniales, y cuenta con toda la documentación que la habilitada para trabajar en estas materias".
"El GORE Antofagasta tiene y tendrá siempre disponible todos los antecedentes que la ciudadanía requiera, para despejar cualquier duda que exista o pudiera existir en relación a los convenios que tenemos vigentes. La transparencia es un valor esencial", afirmó también el gobernador Ricardo Díaz, quien, de todos modos, admitió que por el caso Convenios "existe un daño a la fe pública difícil de reparar".
