El diputado Daniel Manouchehri (PS), presidente de la comisión investigadora en la Cámara Baja por el caso Audios, aseguró que la ciudadanía espera que los involucrados "paguen con cárcel".
Estas declaraciones surgen luego que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querellara contra el abogado Luis Hermosilla, la jurista Leonarda Villalobos y su esposo Luis Angulo, mientras que la Fiscalía pidió fechas para su formalización por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos.
El parlamentario sostuvo que "interpusimos una querella en contra del señor Hermosilla y todos los que resulten responsables. Hoy día se está avanzando en esta investigación y prontamente se ha anunciado la formalización. Acá lo que la gente espera es que este caso termine en justicia y los responsables paguen con cárcel".
"Acá se le ha hecho un tremendo daño a la credibilidad de nuestras instituciones, está en juego la credibilidad y la confianza de nuestro sistema. Y para eso esperamos que prontamente se formalice el señor Hermosilla, se le den todas las medidas precautorias de arresto que se requieren, pero que además este caso termine en cárcel para todos los responsables", dijo.
La audiencia de formalización en contra de Hermosilla, Villalobos, Angulo, Renato Robles (funcionario de la Tesorería General de la República) y Patricio Mejías, de la Dirección Regional Metropolitana del SII, quedó fijada para el 21 de agosto a las 09:00 horas en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
LAS POSIBLES PENAS Y REPERCUSIONES
El abogado Carlos Moreno, exjefe del área de Delitos Tributarios del SII, aseguró que la sentencia "podría depender si es que ellos colaboran de forma sustancial dentro de la investigación y hay un resarcimiento también del perjuicio fiscal o bien si utilizaron también factura o documentos falsos. Eso lo que hace es hacer variar la pena que está establecida por la ley".
"Haber presentado las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas tiene una pena pecuniaria asociada que va desde una multa del 50 por ciento al 300 por ciento del valor o del impuesto, y con prisión menor en sus grados medios a máximos. Son desde 151 días a tres años y un día de cárcel", detalló.
Por su parte, Jorge Jaraquemada, expresidente del Consejo para la Transparencia, explicó que "las instituciones sufren un daño ante los ojos de la ciudadanía bastante decidor. El caso audios tiene precisamente este potencial, más allá de lo que involucra para los directamente involucrados, abogados o empresarios, que obviamente también implica un denostamiento (...). Pero eso es en el ámbito privado, pero tiene también una repercusión pública muy notable al involucrar también instituciones del Estado que tienen rol de fiscalizador; es decir, básicamente de que las personas actúen correctamente".
Sobre una posible solicitud de prisión preventiva para los involucrados, el fiscal nacional, Ángel Valencia, replicó que "es una decisión que tienen que tomar los fiscales a cargo de la causa".
"En mi cargo como fiscal nacional no puedo dar una instrucción en orden a que pidan una medida cautelar u otra. Lo que yo he manifestado es que había conciliación de la cantidad de delitos y del carácter de los mismo, en casos como este suele ocurrir, suele ser frecuente que los fiscales pidan una medida como esa, pero no basta, no son los únicos antecedentes que se toman en consideración. En definitiva, son los fiscales quienes resolverán finalmente qué medida piden", añadió.
