El diputado republicano Juan Irarrázaval denunció que 11 municipios han incurrido en irregularidades en las rendiciones de cuentas por convenios firmados con la Fundación Daya, fundada por la diputada Ana María Gazmuri (AH).
Algunos de los recursos destinados a convenios de colaboración en usos medicinales de la cannabis fueron utilizados en compras de chocolates, financiamiento de viajes e incluso para el pago de la cuenta de internet en la casa de Gazmuri, de acuerdo a la denuncia.
Los contratos habrían sido firmados en 2015 y 2016 con las comunas de Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal.
Junto a esto, el parlamentario indica que ante la constatación de estos incumplimientos "no se ha solicitado la devolución o reintegro de los dineros depositados en la cuenta de la referida institución privada", adeudándose 171 millones de pesos en rendiciones y por tratamientos no entregados.
Irarrázaval planteó que "esta ONG recorrió Chile prometiendo tratamientos con las bondades de la marihuana. Decenas de municipalidades confiaron en ella, la financiaron con cientos de millones de pesos y no recibieron absolutamente nada a cambio. Solo unas pocas recibieron rendiciones de esos recursos, y son francamente ridículas".
"Se gastaron en chocolates, carne molida, paseos a Viña, helados, papel higiénico, en estufas a leña para su sede en la Región Metropolitana, e incluso para pagar el internet de la casa de la diputada Gazmuri. Literalmente, transformaron esos recursos en humo. Y esto es más grave aun si consideramos que la pareja y los hermanos de la diputada Gazmuri son miembros directivos de esta fundación", añadió.
El diputado insistió en que "miles de pacientes desesperados volvieron a tener una esperanza para paliar sus dolores, pero ellos jugaron simplemente con sus dolores solo porque servía a su agenda ideológica y negocio personal. Esperamos que la Contraloría exija la devolución de estos dineros. Si aquí hay actos de corrupción, es urgente que se determinen responsabilidades".
Además de la restitución de fondos, Irarrázaval pide a Contraloría que se determinen responsabilidades administrativas y que se establezcan sanciones a los funcionarios y autoridades involucrados en este caso.
