Se acusa a la administración anterior de pagar 14 mil millones de pesos a la empresa de alimentación Soser, por un servicio que no realizó.
El actual líder, Fernando Peña, apuntó que la responsabilidad corresponde al exjefe jurídico, Alejandro Layseca, quien luego trabajó para dicha empresa.
La actual dirección de Junaeb llegó hasta el Ministerio Público para entregar antecedentes de presuntas irregularidades ocurridas en el servicio durante la administración anterior, en el marco de las auditorías del plan de inspección total impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast.
De acuerdo con lo expuesto por el director del organismo, Fernando Peña, se trata de 14 mil millones de pesos que el organismo pagó por el servicio de onces para estudiantes de la Región de O'Higgins que no fueron entregados, pese a que había subido recientemente de precio y de cantidad solicitada a petición del exjefe jurídico, Alejandro Layseca, quien a su vez después trabajó para la empresa de alimentación Soser, que es la no habría entregado el servicio.
"Contraloría sabe que estos montos que se pagaron se hacen gracias a la modificación de dos contratos en el 2022 y en el 2023, que permite que se aumenten exponencialmente las raciones y el valor de esas onces a más de 8.000 pesos. Eso es lo que en suma permite que se paguen más de 14 mil millones de pesos a través de esta modificación de contrato", precisó Peña.
En esa línea, apuntó directamente a Layseca: "Una persona que está a cargo de velar por los intereses del servicio no puede aparecer posteriormente trabajando en la empresa prestando servicios jurídicos que, obviamente, comprometieron en este caso el patrimonio de la institución por más de 14 mil millones de pesos de un servicio que no se prestó".
"Tenemos acreditado que ninguna de esas onces se entregó", aseveró.
Más tarde, a través de un comunicado, la empresa Soser declaró su "profunda consternación" por los antecedentes ventilados hasta el momento, ya que "instalan sospechas y conclusiones que no reflejan adecuadamente cómo operaba el sistema contractual definido por Junaeb para toda la industria concesionaria del Programa en cuestión".
"Creemos importante que esta situación sea analizada con rigor técnico y considerando la totalidad de los antecedentes administrativos y contractuales involucrados", agrega el escrito, apuntando en particular a la licitación adjudicada parcialmente a la compañía en octubre de 2020, "en un contexto extraordinario marcado por el retorno presencial post pandemia, fuertes alzas inflacionarias y ajustes operacionales aplicados transversalmente al sistema".
En ese sentido, la misiva cita las conclusiones de un informe de la Contraloría, que establece que "el modelo contemplaba un mecanismo de pago compuesto por una porción fija y otra variable, estructura establecida en las propias bases de licitación y aplicable a toda la industria concesionaria. Por ello, resulta técnicamente incorrecto presentar estas cifras como si correspondieran al 'valor de raciones no entregadas', ya que el componente fijo tenía por objeto asegurar continuidad operacional, remuneraciones, logística e infraestructura mínima del servicio alimentario escolar".
"Asimismo, la programación y definición de raciones correspondía a Junaeb, mientras que las empresas concesionarias ejecutaban el servicio conforme a las condiciones y mecanismos establecidos por la autoridad", añade Soser.
La firma además recuerda que, después de distintas oportunidades de fiscalización al sistema, no se establecieron "imputaciones de fraude ni cobros indebidos por parte de Soser. La empresa colaboró activamente con todas las instancias de revisión y la causa respectiva fue sobreseída".
