Luciano Inarejo Muñoz, jefe de gabinete del removido director de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos Christian Soto, denunció que el Ministerio Público no respetó sus garantías fundamentales y lo engañó al tratarlo como imputado, pese a haberlo citado como testigo por el caso audios.
El defensor Felipe Moraga solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que cite a una audiencia ya que su cliente habría sido víctima de una "ilegalidad" por parte de la Fiscalía, dando cuenta de que Inarejo fue citado el 21 de noviembre a declarar y, pese a que lo hizo como testigo, el Ministerio Público dirigió pesquisas en su contra que son afines a un imputado, según reveló La Tercera.
"Se presentan funcionarios del OS7 de Carabineros en el domicilio laboral de mi representado señalándole que debe concurrir, acompañado de ellos, hasta la Fiscalía de Las Condes a prestar declaración en calidad de testigo. Es conducido en un vehículo civil de Carabineros conjuntamente con los funcionarios", señala el escrito.
Además, agrega que "una vez en la Fiscalía de las Condes se le toma una extensa declaración en una supuesta calidad de testigo, sin lectura de derechos, sin abogado y preguntado sobre hechos propios y ajenos".
Asimismo, tras ser interrogado, se le solicitó la "entrega voluntaria de su aparato celular y además accede voluntariamente al levantamiento del secreto bancario. A todas estas solicitudes mi representado accede".
En esta línea, el abogado acusó que el tratamiento dado a Inarejo "es más bien de imputado que de testigo, toda vez que se han realizado medidas investigativas que afectan o podrían conculcar sus derechos sin mediar aviso al deponente".
El jurista explicó en el medio antes citado que se busca "determinar con precisión la calidad que ostenta un persona en un proceso penal, es demasiado importante, toda vez que es muy necesario que desde los primeros actos del procedimiento se sepa con claridad, cuáles son los derechos y obligaciones que tiene la persona, en este caso, la situación jurídica de un imputado, víctima o testigo, es muy diversa, por tanto, el Ministerio Público, desde la primera actuación del procedimiento, tiene que aclararlo para así evitar futuras nulidades y vicios del procedimiento".
"Esta cautela de garantía tiene por objeto que el Ministerio Público aclare esta situación y quede totalmente establecida la situación procesal del testigo Luciano Inarejo, en su calidad de jefe de gabinete del Servicio de Impuestos Internos de Grandes Contribuyentes", agregó.
Todo esto se enmarca en el escándalo del audio filtrado que involucra a los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, quienes son investigados por presuntos pagos de coimas a funcionarios del SII y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
