Los cinco involucrados fueron detenidos este martes por la Policía de Investigaciones.
Los delitos por los que serán imputados son de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad, lavado de activos y fraude al fisco.
El Juzgado de Garantía de Concepción formalizará esta mañana a los cinco detenidos por el Caso Convenios en la Región del Biobío, entre los que se encuentran Camila Polizzi, Sebastián Polanco y dos funcionarios del Gobierno Regional.
La audiencia de formalización se realizará este miércoles a las 11:00 horas, por los delitos de "estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos", informó la fiscal Marcela Cartagena.
El hecho tiene relación con el traspaso de 250 millones de pesos a la Fundación En Ti, dirigida por Camila Polizzi, candidata a alcaldesa por Concepción y excandidata a diputada por el distrito 20, junto a su expareja Sebastián Polanco y el hermano de este, Diego Polanco.
Mientras que a los funcionarios públicos, Simón Acuña, quien era jefe de disvión de Desarrollo Social Humano, y Rodrigo Martínez, administrador regional, se les imputarán el delito de fraude al fisco, debido a su presunta colaboración para facilitar la millonaria suma a la fundación.
La causa, que tiene 12 tomos con más de 6.000 páginas, aborda cómo la Fundación En Ti fue arrendada con el fin de cumplir con el requisito de dos años de antigüedad para adjudicarse un proyecto de capacitación ciudadana en el barrio norte de Concepción. Sin embargo, no se ejecutó como estaba planeado y tampoco existe mayor evidencia de que se haya realizado en su totalidad.
El juez de Garantía, Iohan León, declaró legal la detención de los imputados y la audiencia se tomó un receso de 30 minutos.
En tanto, se ha generado un extenso debate sobre la publicidad de la formalización, por lo que el juez decidió no contribuir al morbo de mostrar a los detenidos como imputados y se prohibió la divulgación de cualquier imagen.
En los próximos minutos, la fiscal regional Marcela Cartagena y María José Aguayo, de la Brigada Anticorrupción, les expondrán los cargos y posteriormente se pedirán las medidas cautelares. Se estima que la audiencia se extienda por la cantidad de abogados en la sala.
El consejero Piero Blas (independiente) sostuvo que la detención de los implicados "pone un grado de seriedad a la investigación que estábamos extrañando, en comparación a como ha resultado la investigación de los Convenios en otras regiones".
En esa misma línea, señaló que "es algo que puede darle cierta tranquilidad a la fe pública, que no hay nadie por encima de ley, independiente del dinero o la cantidad de poder que tengan".
Gabriel Torres (RN) apuntó a que "no es normal que con tanta facilidad se entregue esta cantidad enorme de recursos públicos a personas que no tienen experiencia y que no tenían fundaciones, ¿Cuál es el motivo que hay detrás por el cual ejecutivos del GORE con tanta facilidad entregan estos recursos?".
Por su parte, el consejero Javier Sandoval (PI) fue más allá y pidió la renuncia del gobernador regional Rodrigo Díaz porque "no da garantía: de la gente que emplea, de las cosas que firma, de corregir errores y resguardar el patrimonio regional. Necesitamos urgente otro Gobierno Regional".
