Muchas reacciones han provocado las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, quien denunció que antes de asumir la testera el órgano se había convertido prácticamente en un instrumento para dilatar causas, lo que -a su juicio- rayaba en la "corrupción".
En entrevista con el diario La Tercera, Brahm expuso que antes de asumir la presidencia del órgano jurisdiccional el año pasado, durante el mandato de Iván Aróstica había causas detenidas "por mucho tiempo y eso llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite de la corrupción".
La ministra acusó que la excesiva demora en la tramitación de causas "empezó generar un negocio de búsqueda de tiempo" y así "muchos litigantes vinieron en búsqueda de tiempo, a detener sus causas, a dilatar, y lo encontraron", e incluso aseguró que una vez le tocó "leer un contrato en que un abogado cobraba a su cliente por el tiempo que le tenía suspendida su causa en el TC".
Consultada al respecto por El Mercurio, Marisol Peña, ex integrante del TC entre 2006 y 2018 y ex presidenta de éste entre 2013 y 2014, consideró que las declaraciones de Brahm "son gravísimas, porque imputan directamente a todos quienes hemos sido ministros en los últimos años haber estado al límite de faltar a la probidad".
Asimismo, sostuvo que Brahm "no advierte que está imputando a antiguos y actuales ministros, sin perjuicio del ex presidente, el delito de prevaricación por haber, supuestamente, retardado el juzgamiento de causas, en circunstancias de que quienes conocen bien la ley orgánica del tribunal saben que los estrictos y acotados plazos de los requerimientos parlamentarios necesariamente retrasan la tramitación de las demás causas que pueda estar viendo. Esa es una razón muy importante de por qué las inaplicabilidades quedan detenidas más tiempo del deseable".
Afirmó que otro de los factores que influyen en las demoras son las prevenciones o disidencias de algunos ministros al fallar, pero subrayó que "siempre nos enorgullecimos por canalizar esas diferencias al interior y a través de la instancia evidente que existe para canalizar las diferencias, que es el pleno. De hecho, muchas veces, la ministra Brahm pidió dejar constancia en acta de su opinión, absolutamente minoritaria, en algunos asuntos, en expresión legítima de una diferencia".
Por ello, fustigó: "Me avergüenza, por el tribunal y por la institucionalidad chilena, que hoy se ventilen diferencias de criterios en temas personales y de criterio jurídico a través de la prensa".
"Valentía y honestidad"
Por su parte, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, reiteró que "queremos valorar la valentía de la presidenta del TC en dar a conocer que hay retrasos en causas de derechos humanos que podrían deberse no sólo a negligencias".
"El año pasado ya habíamos enviado un oficio preguntando qué estaba pensando con las causas de DDHH; ahora hoy vamos a enviarle un oficio a la presidenta del TC preguntándole cuáles serían esas causas de DDHH y en qué consistirían los retraso, y a partir de eso, el Instituto va a ver qué acciones posteriores toma", explicó.
A su vez, Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, resaltó en Cooperativa que "las declaraciones son de extrema gravedad, pero se valora eso sí el cambio y que exista una honestidad en señalar que hubo problemas".
"Lo importante, y lo que estamos pidiendo es que no sólo se inicien las acciones, sino que se ponga toda la fuerza del Ministerio Público en la persecución de los posibles delitos que se están denunciando. Cuando se habla que ha habido, o que es posible que haya habido corrupción o hechos que se acercaran a la corrupción al interior del TC, estamos hablando de la afectación de un órgano autónomo constitucional, un órgano que imparte Justicia, por lo cual nos interesa que se llegue a la verdad", apuntó.
