Gendarmería aseveró que la otrora jefa comuna no ha logrado hacer una “crítica real” sobre el delito de fraude al fisco que la tiene tras las rejas.
La institución evaluó que no registra en su expediente los tres bimestres requeridos de muy buena o buena conducta.
La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, continuará en prisión luego de fallar la estrategia de su defensa para abandonar el Centro Penitenciario Femenino Carcelario de Santiago, y sea sustituida por libertad vigilada intensiva.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta y Gendarmería emitieron sus propias evaluaciones y recomendaron no interrumpir su pena, consignó Emol.
La otrora jefa comunal cumple actualmente una pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de fraude al fisco.
El informe de Gendarmería detalló que Rojo no cumple con la letra D del artículo 33 de la Ley No 18.216, al no registrar en su expediente los tres bimestres requeridos de muy buena o buena conducta.
El documento argumenta que si bien Rojo posee competencias académicas y laborales y una adecuada adaptación a espacios estructurados, su preparación académica actuará como barrera defensiva. Los patrones de sentido de control y orientación dificultarían la permeabilidad ante figuras de autoridad, impidiendo que reconozca la ilicitud de justificar un fraude al fisco bajo el pretexto de "necesidad de gestión" o "estrategias comunicaciones".
Asimismo, Rojo pretendería emplearse de forma dependiente una vez recuperada su libertad, y "si bien la penada refiere intención de no volver a la política y/o otros cargos públicos, deja entrever actitudes favorables a futuras vinculaciones en el ámbito público, argumentando que aún mantiene adherentes y un apoyo externo que eventualmente podría motivar nuevas incursiones laborales en este ámbito".
El informe agrega que "aún cuando los referentes significativos de la evaluada manifiestan actitudes y valores prosociales, se constata una baja capacidad de regulación interpersonal y supervisión prosocial. El entorno presenta un apoyo irrestricto en lo material y efectivo, pero exhibe limitados mecanismos efectivos de contención e influencia sobre las decisiones de la evaluada que la pueden modelar ante escenarios de riesgo e influir en su toma de decisiones ajustadas a derecho, posicionando a este dominio como una necesidad criminógena de alta prioridad de intervención".
"Su riesgo general de reincidencia se califica como medio", afirmó Gendarmería, y se situó como "moderadas" la necesidad de intervención en patrón antisocial, distorsiones cognitivas y falta de autocrítica. Pese al tiempo en el penal, no ha logrado realizar "una reflexión crítica real sobre el delito de fraude al fisco cometido".
A lo anterior, se suma un impedimento temporal, puesto que, al momento del informe, el saldo de condena pendiente ascendía a ocho o nueve meses aproximados. De acuerdo al evaluador, ese lapso es matemática e intervencionalmente insuficiente para que un plan de intervención individual logre reestructurar esquemas arraigados por años.
Gendarmería concluyó su informe con que "no se recomienda la sustitución de pena privativa de libertad por la de libertad vigilada intensiva con monitoreo matemático".
