Investigación da cuenta de que la ONG Chile Movilizado elaboró informes idénticos a un estudio que la excandidata a gobernadora encargó a Criteria.
"Sus orígenes son muy distintos" al del caso convenios, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero.
En medio del escándalo del "caso convenios", la Fiscalía Metropolitana Sur acreditó que Karina Oliva, ex militante de Comunes, usó una "fundación de papel" para defraudar al Estado en su fracasada campaña a gobernadora por la Región Metropolitana en 2021, según un reportaje publicado este sábado por La Tercera.
De acuerdo con la información, el ente persecutor y el OS-7 de Carabineros avanzan silenciosamente en la investigación y ya hay una decena de testimonios que han dado cuenta del método usado supuestamente por Oliva y su círculo para desembolsar millonarias sumas de dineros fiscales por servicios inexistentes a su campaña, donde usó como "fachada" al Movimiento Chile Movilizado.
La mencionada ONG fue tildada como "fantasma", pues no tenía página web ni tampoco materiales que hubiesen usado para obras u otras iniciativas.
Además, según el rotativo, su directorio nunca sesionó.
"Los análisis y pericias dan cuenta de que la ONG realizó informes idénticos de un estudio que ella y el Partido Comunes, en esa época, encargaron a la encuestadora Criteria. Es decir, el Estado -a través del Servel- reembolsó $120 millones por servicios ideológicamente falsos, dinero que fue girado desde la cuenta usada para la campaña en "dinero en efectivo" y cuyo destino aún es desconocido", señaló el artículo, que afirmó que la Fiscalía estaría ultimando detalles para avanzar en la formalización de los implicados.
La defensa de Oliva, encabezada por el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, dijo a La Tercera que su representada no nada tuvo que ver con las rendiciones y que, desde hace varios años estaba alejada de la cuestionada ONG.
"Yo les aseguro que si Karina Oliva hubiese sido elegida como gobernadora o senadora, esa gente no estaría diciendo lo que está diciendo. Es así de sencillo", afirmó el profesional.
Manríquez sostuvo que "respecto de la rendición de gastos de Karina Oliva al Servel y la indagación que se realizó ahí, terminó y el Servel dejó establecido que no hubo desvíos de dineros, ni rendiciones abultadas ni obtenciones indebidas. De hecho, exoneró de toda responsabilidad a Karina Oliva y sólo impuso una multa por $3 millones al administrador, señor Miranda, por negligencia e impericia en el manejo de la plataforma para la rendición de gastos".
"Entonces, de acuerdo con todos los antecedentes que nosotros hemos aportado, y teniendo en cuenta que faltan diligencias por parte de la investigación, interrogar a varias personas, me parece un poco imprudente y arrojado construir una tesis de participación en Chile Movilizado sin evidencia seria. Porque todos los antecedentes señalan que Karina Oliva hace años que está fuera de esa fundación y que ella no tuvo intervención directa ni indirecta en la administración de los recursos. Además, acá está pendiente la solicitud de sobreseimiento definitivo o de decisión de no perseverar", añadió.
Consultado por una eventual formalización de Oliva, el abogado sostuvo que "primero tenemos que ver cuál va a ser la decisión que tomará la Fiscalía, pero si es así, lo enfrentaremos como siempre: con seriedad, calma y haremos nuestra presentación en tribunales. Acá lo que importa es la calidad y la verificación de la información".
Consultado por el caso que envuelve a Oliva, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que su origen es "muy distinto" al escándalo de los convenios, pues va en línea con la "regulación electoral".
"Lo que tenemos es un tema que no es menor. El uso de entidades sin fines de lucro para propósitos irregulares ha quedado muy en evidencia, es un caso antiguo", dijo el secretario de Estado en una rueda de prensa, aclarando que "sus orígenes son muy distintos".
"Es un caso de la regulación electoral. Hay otras que están siendo investigadas por las transferencias que provienen de gobiernos regionales, y otro del programa de asentamientos precarios (...) Creo que el caso de Karina Oliva es muy distinto, relativamente antiguo, un caso que ya estaba en investigación del Ministerio Público", apuntó Cordero.
Lo que sí pareciera estar claro, planteó después, "es que existe un cierto abuso de la personalidad jurídica de algunas entidades para poder obtener o actuar de modo irregular, y ese es un eje central de la comisión de expertos que nosotros esperamos recibir sus recomendaciones. En el Ejecutivo tenemos opiniones sobre ese punto, pero esperamos tener las recomendaciones de ellos".
