El Ministerio Público confirmó esta tarde que inició una nueva investigación en marco de la arista lencería del Caso Convenios, por supuestas filtraciones desde la Policía de Investigaciones a Camila Polizzi, principal imputada del hecho y con arresto domiciliario.
Según detalló la Fiscalía a través un comunicado, el análisis del celular personal de Polizzi dio cuenta de "una entrega ilegal de antecedentes hacia la imputada, de una fuente que sería de la PDI".
Por lo que estaba al tanto de cada uno de los pasos de las diligencias que estaba desarrollando la Fiscalía junto a la Brigada de Delitos Económicos de la policía civil, sobre las indagaciones para esclarer el polémico convenio entre la Fundación En Ti y el Gobierno regional del Biobío por $250 millones.
Asimismo, el Ministerio Público precisó que esta nueva investigación "la lidera la fiscal jefa de Concepción, Mariana Iturrieta".
Por su parte, la PDI señaló que los antecedentes fueron denunciados el 28 de febrero ante la fiscal María José Aguayo -quien lleva la investigación de la arista Lencería- e, independiente de ello, iniciarán un sumario al interior de la institución para aclarar esta nueva filtración.
Este hecho se da a conocer justo tras el reportaje de Ciper que reveló el traspaso de información del exdirector Sergio Muñoz al abogado Luis Hermosilla, cuya formalización terminó con Muñoz en prisión preventiva.
CRÍTICAS TRANSVERSALES A LAS FILTRACIONES
Desde el Gobierno, la delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, declaró que "sin duda esto es algo extremadamente grave, y en una democracia como la nuestra no es aceptable. Las instituciones tienen sus reglamentos y los reglamentos están ahí por una razón, y en este caso es la ley la que está ahí en juego. Así que lo que nosotros esperamos, como en los otros casos que han ocurrido a nivel nacional, es que existan las investigaciones que corresponden y que, en caso de que esto sea probado real, las personas que cometieron estos hechos ilícitos paguen lo que corresponde".
Mientras que desde el Congreso, la diputada por la zona Flor Weisse (UDI) señaló que "los vínculos y redes de Camila Polizzi trascienden al Gobierno Regional", cuestionando: ¿Qué habrá detrás de esta trama? ¿Cuál es el poder que tiene una excandidata?".
Su par de la DC Eric Aedo sostuvo que "no puede ser que sea algunos funcionarios de la PDI los que alerten a criminales, a personas que están imputadas, que están siendo perseguidas por delitos, de las acciones de la propia justicia y, por tanto, les den información que les permita sortear la acción de la justicia", al igual que la diputada Karen Medina (PDG), quien señaló que "este es un modus operandi ocupado por todos y que este pulpo gigante de la corrupción que hoy día está saliendo a luz, se ha ramificado por distintas regiones".
Finalmente, el consejero Piero Blas expresó que "es de absoluta gravedad y no solo alerta de la fragilidad de la institucionalidad, sino también comienza a reflejar los tratos particulares que se ha tenido con algunos de los imputados dentro del caso convenios, en particular, con la máxima autoridad regional, y que por supuesto abre la arista de si era la única persona que estaba obteniendo información privilegiada y esta información les permitía poder concertarse para construir un relato en la investigación".
Al igual que el consejer Gabriel Torres, que fustigó que "salta la duda, ¿quién más puede estar recibiendo información de parte de algún funcionario de la PDI? Por ejemplo, los que están formalizados y con alguna medida cautelar, o los que están imputados, que también podrían estar recibiendo información".
