Este miércoles se desarrollaron en la Corte de Apelaciones de Chillán los alegatos de la solicitud presentada por el Ministerio Público para desaforar al gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), por un delito de corrupción que presuntamente cometió en una época previa a ocupar el cargo.
En la audiencia, la Fiscalía reveló detalles del caso por el que lo investiga, que implica el delito de cohecho pasivo entre particulares, que data de 2019, tres años antes de convertirse en gobernador en 2021.
"Esta situación se dio en el marco de la obtención de subsidios habitacionales para la construcción de viviendas rurales respecto de personas que viven en las comunas de Cobquecura y San Fabián. Él habría recibido dinero para que una empresa constructora específica realizara la construcción de sus viviendas, lo cual configura la conducta penal de corrupción de particulares", explicó el abogado Francisco Soto, asesor de la Fiscalía Regional.
En aquel año, Crisóstomo gestionaba el proyecto de casas rurales y supuestamente aceptó recibir 23 millones de pesos para favorecer la contratación de una empresa determinada, "en desmedro de otros potenciales oferentes para ejecutar la construcción y de los propios intereses de 17 beneficiarios de subsidios habitacionales del Estado", sostuvo la Fiscalía.
La Corte de Chillán dejó la resolución en acuerdo y la comunicará el próximo 15 de octubre, una semana y media antes de las elecciones municipales y regionales, en las que el actual gobernador buscará su reelección.
Crisóstomo también es investigado en la arista ProCultura del caso convenios, vinculada con su gestión como gobernador.
