La Fiscalía de Atacama informó este martes que solicitó a la Corte de Apelaciones de Copiapó el desafuero del diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Jaime Mulet, quien sería formalizado este jueves por el delito de cohecho pasivo.
La investigación, que se abrió en 2016 y es liderada por el fiscal de Copiapó Luis Miranda, versa sobre hechos ocurridos en 2015, cuando Mulet no era parlamentario, y tiene al Consejo de Defensa del Estado (CDE) como querellante.
Según el ente persecutor, el fallecido exalcalde de Tierra Amarilla Osvaldo Delgado Quevedo, concertado y asesorado por los abogados Mulet Martínez, Ramón Briones Espinoza y Hernán Bosselin Correa, solicitó y aceptó, con infracción a los deberes del cargo, el pago de beneficios económicos para el municipio y terceros de parte de la Minera Candelaria, acordando un contrato de transacción sobre daño ambiental en contravención a la ley.
En abril de 2021 la Fiscalía formalizó a Bosselin y Briones como inductores del delito de cohecho pasivo, en una audiencia en la que también sería imputado Mulet, pero no se presentó.
LA ACUSACIÓN
En aquella formalización el Ministerio Público expuso que a partir de la presentación de la Minera Candelaria, ante el Servicio de Evaluación Ambiental, en septiembre de 2013, de un plan de continuidad operacional denominado "Candelaria 2030", Jaime Mulet, con el apoyo de dos funcionarios municipales de su confianza, convencieron al alcalde de la época, Osvaldo Delgado Quevedo, para que el municipio entablara acciones legales contra la empresa por daños ambientales en la comuna, "con la finalidad de obtener beneficios económicos para ellos y no para reparar el daño ambiental".
"De esta manera, el ahora diputado habría convencido al alcalde para la contratación de abogados de su entera confianza y así conformar un equipo jurídico encargado de conducir y patrocinar las demandas judiciales que forzaran una negociación contra ley con Minera Candelaria. Esto, al tener conocimiento de las dificultades que ésta enfrentaba para obtener la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental", detalla la Fiscalía en su sitio web.
De este modo se produjo la contratación de Bosselin y Briones, a través del estudio jurídico del que formaban parte en diciembre de 2013. "A partir de esta planificación, el 12 de diciembre de ese año se presentó la demanda de reparación por daño ambiental ante el Segundo Tribunal Ambiental, en la que se solicitó que Minera Candelaria fuera condenada a la reparación de los daños ambientales a través de medidas que única y exclusivamente estuvieran dirigidas a reparar la situación ambiental en la que se encontraba y se encuentra la comuna".
"De forma paralela se efectuó una intervención permanente en el proceso de calificación ambiental del proyecto de continuidad operacional 'Candelaria 2030', solicitando el rechazo del mismo por parte del municipio, efectuando denuncias ante la Superintencia de Medioambiente por las infracciones a la normativa ambiental. Además, se organizaron conferencias de prensa a fin de publicitar las demandas ambientales de la comuna junto con hacer pública la demanda por daño ambiental y denuncias ante el punto focal de la OCDE en contra de la mencionada minera", prosigue la versión del Ministerio Público.
"Posterior a las acciones judiciales ambientales ya presentadas, los imputados coordinaron reuniones de negociación con los representantes de Minera Candelaria, en las que no se buscaba una reparación del daño ambiental que afectaba a la comuna de Tierra Amarilla ni medidas de mitigación, sino que obtener una millonaria suma en favor de la Municipalidad y de los abogados patrocinantes, lo que se plasmó en una transacción extrajudicial en que, a cambio de importantes sumas de dinero, tanto en favor de la municipalidad, como en favor de los abogados, el alcalde Delgado Quevedo renunciaba a todas las acciones ambientales en contra de la Minera Candelaria, cuestión expresamente prohibida por la ley", se detalla.
De acuerdo a la Fiscalía, el equipo de abogados conformado por Mulet, Bosselin y Briones instó al alcalde Quevedo a aceptar beneficios económicos para terceros a cambio de incumplir los deberes de su cargo.
En abril de este año, el Juzgado de Garantía de Copiapó decretó el sobreseimiento temporal de los abogados imputados por cohecho, pero la decisión fue revocada un mes después por la Corte de Apelaciones de la ciudad.
- Nota de la redacción: En una versión inicial, no definitiva, de este artículo, se indicó incorrectamente que Jaime Mulet estaba acusado de haber recibido dinero para beneficiar a la Minera Candelaria.
"NADIE ESTÁ NI DEBE SENTIRSE SOBRE LA LEY"
A través de un comunicado difundido este martes, la Fiscalía de Atacama expuso una serie de antecedentes que, a su juicio, son importantes para aclarar el caso que involucra a Mulet ante "publicaciones que afirman que hay una persecución política".
El organismo explicó que solicitó la audiencia de formalización el 5 de abril de 2022, "ocasión en la cual Mulet Martínez no compareció pese a encontrarse legalmente notificado, alegando su abogado defensor, que su cliente asistiría a la audiencia sólo una vez que fuera desaforado, lo anterior, pese a que la Ley es clara al señalar que el desafuero es un requisito para imponer medidas cautelares personales y para deducir acusación contra un parlamentario".
"Ante la negativa del Diputado de comparecer a la audiencia de formalización, la Fiscalía de Atacama solicitó su desafuero ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, a objeto de compeler al parlamentario a comparecer a la audiencia de formalización y de esta manera, evitar que dicha investigación continúe dilatándose injustificadamente", apuntó la Fiscalía.
Añadió que durante toda la investigación "se ha logrado formalizar y obtener medidas cautelares personales en contra de varios de los imputados por los delitos indagados, con la sola excepción del Diputado Mulet, por haberse negado a asistir a la audiencia de formalización que se encuentra pendiente".
En ese sentido, el ente persecutor remarcó que "rechaza las insistentes declaraciones formuladas por el parlamentario a través de medios de prensa, en las cuales efectúa una serie de imputaciones falsas y descalificaciones infundadas a los fiscales y la forma en que éstos conducen la investigación penal en que se encuentra involucrado, ya que representan una penosa estrategia destinada a enlodar el verdadero trabajo que la Fiscalía de Atacama ha realizado en esta causa y un intento de amedrentar inútilmente a los fiscales, quienes no hacen más que cumplir con su deber de perseguir penalmente a quienes cometen delito, con estricto apego a la normativa Constitucional y legal que rige su actividad, teniendo como premisa básica que en Chile, nadie está ni debe sentirse por sobre la ley".
RESPUESTA DE MULET
Ante la solicitud de desafuero, Mulet afirmó a Cooperativa que se siente "confiado", declarando que "por fin se ha pedido esta solicitud de desafuero, que la vengo solicitando hace seis meses exactamente y que el Ministerio Público de Atacama no pedía".
"Ahora va a permitir que un tribunal de la República y no el Ministerio Público de Atacama vea la causa y no me cabe la menor duda, porque yo confío en los tribunales de mi país, que va a ser desechada la solicitud de desafuero, ya que no hay ninguna participación de mi parte en este caso que sea sancionable penalmente", aseveró el diputado.
En esa línea, dijo que "en estos días he presentado ante el ante el nuevo fiscal nacional -porque estando (Jorge) Abbott no lo quise hacer- (antecedentes) donde denuncio a los fiscales de Atacama por haberme involucrado en un caso penal, en este caso, obteniendo la declaración de una persona privada de la libertad bajo coacción".
Según acusó Mulet, gente cercana al exalcalde Delgado "ha señalado que se sentía torturado" y "le ofrecieron salir de la cárcel si es que me involucraba penalmente y eso lo ofreció el fiscal Luis Miranda".
"Tengo y he acompañado al fiscal nacional nuevo cinco testimonios de personas donde se da cuenta de la retractación de Delgado", aseguró el parlamentario.
