La Fiscalía Metropolitana Sur reformalizó este viernes al suspendido juez Emilio Elgueta, de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por tres nuevos cargos por corrupción que se agregan a los de prevaricación y enriquecimiento ilícito que ya le fueron imputados en la audiencia de abril.
En esta oportunidad, explicó el fiscal Héctor Barros, se le acusó al ministro por nombramiento ilegal, vinculado a designaciones que realizó en 11 oportunidades en su entonces calidad de presidente subrogante del tribunal de alzada; todas ellas presuntamente a la hija del otro juez investigado, Marcelo Vásquez, Carla Vásquez Valenzuela, como funcionaria judicial.
Asimismo, se le reformalizaron los delitos de tráfico de influencias y cohecho, por supuestas gestiones que realizó para que se contratara a una alumna en un tribunal de la ciudad, ofeciendo a cambio apoyar con su voto a una funcionaria en un concurso para el cargo de juez de San Fernando.
El fiscal Barros apuntó que "para no generar expectativas innecesarias, estos delitos no tienen altas o grandes penas", y sostuvo que "el delito que nosotros hemos formalizado que tiene penas más altas llega hasta los tres años".
"Sin embargo -subrayó-, hay delitos, en este caso, como el cohecho, con el que incluso podemos llegar hasta la vía de la inhabilitación perpetua, porque tiene penas de crimen".
Defensa quiso evocar diligencias del suspendido fiscal Moya
Como Barros asumió la investigación que llevaba antes el suspendido persecutor de O'Higgins Sergio Moya, la defensa de Elgueta intentó cuestionar las diligencias realizadas por este último fiscal, que lo formalizó por primera vez en abril, pero la estrategia fue rechazada por el Juzgado de Garantía rancagüino.
La abogada del magistrado, Blanca Rebolledo, reconoció que "siempre que se obtiene una resolución adversa no te hace mucha gracia", pero -resaltó- "la verdad es que, por lo menos, me voy con la tranquilidad de que esta formalización sí está ordenadita, aquí uno ya puede entender bien y es más fácil defenderse así; la formalización de Moya era una cosa inentendible".
El Ministerio Público no pidió medidas cautelares en la audiencia llevada a cabo en el Juzgado de Garantía de Rancagua, debido a que Elgueta, pese a estar suspendido, aún cuenta con fuero judicial al seguir siendo parte de la Corte de Apelaciones.
Esta semana Elgueta recurrió al Tribunal Constitucional buscando que se paralice su eventual expulsión, luego de que la Corte Suprema oficializara su suspensión y la apertura de un cuaderno de remoción. Sin embargo, el TC rechazó el requerimiento.