El exfiscal Carlos Gajardo abordó este sábado el caso de los 55 empresarios investigados por participar de uno de los perjuicios fiscales más grande de la historia de Chile, asegurando que será clave lograr las condenas más altas posibles y así evitar lo ocurrido en hechos similares en el pasado, en los que se condenó con clases de ética.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, Gajardo aseguró que este megafraude -que supera los 240 mil millones de pesos- "da cuenta de una debilidad para poder prevenir y fiscalizar adecuadamente estas conductas".
"Uno esperaría que el sistema tributario tuviera la posibilidad de detectar con mayor rapidez este tipo de conductas e inmediatamente impedir que ocurran. En general, el SII tiene esta facultad de poder bloquear al contribuyente cuando detecta que está incurriendo en conductas sospechosas y así no pueda seguir emitiendo facturas, etc. Claramente esos mecanismos no han funcionado en esta ocasión y hemos llegado a esta cantidad muy impresionante", lamentó el abogado.
Frente a esto, el otrora persecutor advirtió que el bullado caso "es muy preocupante desde el punto de vista de la prevención y de la fiscalización, (dado que) no hemos tenido la capacidad para evitarlo".
En esta línea, aseguró que "una segunda pata es como ahora desde el sistema penal vamos a tener la capacidad de sancionar efectivamente estas conductas con penas que sean proporcionales a la gravedad de sus hechos".
"No se debe cometer el error que tuvo la Fiscalía hace algunos años, de condenar estas conductas con las llamadas clases de ética", puntualizó Gajardo, que dio cuenta también que debido a las fechas de los delitos cometidos, "este megafraude tendrá que ser sancionado con las normas antiguas".
Debido a esto, alertó que "es muy fundamental que la Fiscalía tenga el rigor suficiente para aplicar e intentar solicitar las máximas penas posibles (...) es importante la ley que se aplique pero también cómo las instituciones se comportan frente a delitos tan graves".
Finalmente, el exfiscal afirmó que el Ministerio Público debe representar el interés de la sociedad, por lo que en un caso de esta magnitud, "la sociedad le interesa que la sanción que se aplique sea proporcional a la gravedad del daño que se provoca".
