La Moneda confirmó sus intenciones de elaborar un proyecto, en el marco de la crisis de la Corte de Apelaciones de Rancagua y del Ministerio Público.
La eventual iniciativa no descartaría extender las acusaciones constitucionales contra los fiscales.
El Gobierno confirmó que está evaluando elaborar un proyecto de ley para modificar el sistema de designación de jueces en el Poder Judicial y de fiscales en el Ministerio Público.
La intención de La Moneda se enmarca en las crisis que sacuden a la Corte de Apelaciones de Rancagua y otros tribunales de la Región de O'Higgins por presunta corrupción, y a la Fiscalía luego de la denuncia -por presunto tráfico de influencias- del persecutor de Alta Complejidad de esa ciudad, Sergio Moya, contra el jefe regional del organismo, Emiliano Arias.
La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, informó que el Ministerio de Justicia trabaja con "urgencia" en en asunto.
"Creemos que dada la gravedad de lo que está sucediendo en Rancagua, con tres magistrados suspendidos, un fiscal investigado, las premuras en las investigaciones y la transparencia deben ser efectiva", indicó la ministra vocera.
La secretaria de Estado sostuvo que "como Gobierno estamos estudiando el sistema por el cuál se eligen, se designan, se evalúan y se controlan tanto jueces como fiscales. Se va a determinar si provocamos un cambio a través de un proyecto de ley, y eso está en manos del Ministerio de Justicia".
La iniciativa no descartaría extender el marco de acción de la acusación constitucional, permitiendo que se pueda aplicar contra el fiscal nacional y los fiscales regionales, idea que también comenzó a rondar por el Congreso; la Asociación de Fiscales rechazó cualquier intención de este tipo, con la que se buscaría "subordinar" el Ministerio Público al poder político.
