El Ministerio de Justicia activó una serie de revisiones para establecer si Democracia Viva cumple o no con el "objeto social" por el que se creó, fijado en sus propios estatutos, análisis que ha estado en curso desde que estalló el llamado caso convenios en Antofagasta.
La Tercera PM reveló que esta cartera encomendó a tres profesionales -dos abogados y un contador- de la Unidad de Fiscalización del Departamento de Personas Jurídicas para realizar las pesquisas necesarias, quienes ya solicitaron antecedentes al Registro Civil y al secretario municipal de Ñuñoa, Guillermo Reeves.
Justicia recurrió a ese municipio -liderado por Emilia Ríos (RD)- porque fue allí donde Democracia Viva obtuvo su personalidad jurídica el 25 de febrero del 2022, permitiéndole inscribirse legalmente como una ONG.
La respuesta del secretario municipal al requerimiento del Gobierno llegó el 28 de junio, quien adjuntó "todos los antecedentes relacionados con la constitución de la fundación Democracia Viva en la comuna de Nuñoa, junto a los estatutos de la misma y posteriores presentaciones relacionadas con una modificación estatutaria que no prosperó", según sostiene su documento.
La cartera también solicitó información a la propia ONG investigada por la Fiscalía, la que -tal como el Registro Civil- debe pronunciarse a más tardar el 4 de julio.
De acuerdo al vespertino, el Ministerio subrayó que está entre sus facultades la fiscalización de las personas jurídicas sin fines de lucro creadas al alero de la normativa del título I libro XXXIII del Código Civil, así como de aquellas creadas por normas especiales y que la ley asimila a éstas.
En el caso de Democracia Viva, "el procedimiento se enfoca a verificar el adecuado cumplimiento del objeto social de la fundación, como lo es el cumplimiento de sus estándares, con énfasis en diversos aspectos patrimoniales y financieros que dicen relación con el objeto de la entidad".
