El excanciller recordó el cese de funciones aplicado a Manahi Pakarati por "declaraciones no autorizadas".
Mientras la defensa del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, descarta la comisión de delitos tras los testimonios de Luis Hermosilla y sostiene que no figura en calidad de imputado en las aristas investigadas, el exministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz (Partido Socialista) cuestionó con dureza la postura de La Moneda, acusando un "doble estándar".
"El embajador Zaliasnik es más que un problema para el Gobierno: hizo declaraciones ofensivas hacia la comunidad palestina nacional, fueron declaraciones no autorizadas por Cancillería y está involucrado en una investigación judicial. Aún así, el Gobierno espera una decisión judicial para resolver si lo remueve o no", aseveró el excanciller.
A juicio de Muñoz, "hay un doble estándar cuando no se remueve al embajador Zaliasnik y sí se le pide la renuncia a una embajadora de carrera, Manahi Pakarati, (de la etnia) rapanui, por declaraciones no autorizadas".
Las críticas en torno a la continuidad del embajador Zaliasnik siguen escalando tras las recientes revelaciones del caso Audios, las cuales apuntan a presuntos vínculos y gestiones con el abogado Hermosilla en el nombramiento de autoridades judiciales.
Frente a las exigencias de senadores y diputados de la oposición que presionan por la salida inmediata del diplomático, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), evitó adelantar resoluciones de La Moneda.
"Todos los embajadores y todas las autoridades del Presidente de la República que son de su confianza estamos siendo permanentemente evaluados. Eso es parte de un elemento de una investigación que se ha conocido a través de los medios de comunicación y lo que le corresponde al Gobierno es ser respetuoso de esa y de todas las investigaciones en curso, y cuando haya alguna definición respecto de este o cualquier caso, va a ser el Gobierno el que lo va a comunicar", afirmó la autoridad.
En paralelo, las pesquisas judiciales continúan expandiéndose a otras aristas del caso, entre ellas la revisión de los pagos en efectivo sin registro formal —equivalentes a cerca de 100 UF mensuales— que habrían recibido los abogados Luis Hermosilla y Samuel Donoso desde La Moneda entre los años 2020 y 2022, por supuesta instrucción del entonces Presidente Sebastián Piñera.
