El ex presidente del Tribunal Constitucional Iván Aróstica descartó irregularidades durante su gestión en el organismo, respondiendo así a las declaraciones de su sucesora en el cargo, María Luisa Brahm, quien afirmó que antes de su llegada había causas detenidas por mucho tiempo.
Este martes, el pleno del TC se reunió por primera vez tras los dichos de Brahm, y a la salida de la sesión, el ministro Aróstica aseguró que entregará todos los antecedentes necesarios para la investigación y que renunciará a todos sus privilegios procesales, como el fuero.
"Existe una investigación, es una buena oportunidad para aclarar más los aspectos. Van a contar, de parte mía, con toda la colaboración activa, no necesariamente pasiva, van a contar con todos los antecedentes que quieran pedir y voy a aportar lo que yo estime del caso", manifestó Aróstica.
El ex presidente del TC remarcó que "si me piden la concurrencia voy a ir y voy a renunciar a todos los privilegios procesales que pueda tener. (...) Cómo iba a cometer una irregularidad. Ella (María Luisa Brahm) acaba de decirle al pleno que nunca habló de imputaciones de ningún tipo".
A su vez, también a la salida del TC, el ministro José Ignacio Vásquez reconoció que le parece "lamentable" que el órgano que integra se vea envuelto en una situación como la que atraviesa actualmente, aunque aseguró que no existe una tensión dentro del pleno.
Debido a los dichos de la actual presidenta del TC y tras una denuncia de la diputada comunista Carmen Hertz, el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió abrir una investigación por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, supuestamente ocurridos al interior del Tribunal Constitucional, la que será llevada por la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte.
Hertz cuestionó "la pretendida autoindulgencia de quien fuera presidente del Tribunal Constitucional, don Iván Aróstica. Quien tiene que determinar la existencia de delitos de cohecho o de prevaricación es la Fiscalía Regional Centro Norte".
"Hay antecedentes muy notorios, causas que se demoraron un año y ocho meses en ser puestas en tabla por el Tribunal Constitucional", dijo.