Al cabo de cinco días de formalización, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago impuso este viernes la medida cautelar de prisión preventiva al exdiputado y exmilitante de la UDI Joaquín Lavín León.
El exparlamentario (lo fue hasta marzo de este año) fue imputado como autor de los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Estos hechos de corrupción fueron cometidos, supuestamente, durante la gestión de su esposa Cathy Barriga como alcaldesa de Maipú. En el marco de la investigación de la Fiscalía, se describió la figura de "Lavín Jr" como una especie de "alcalde en las sombras".
La conducción de la extensa audiencia estuvo en manos del juez de garantía Daniel Urrutia Laubreaux, cuyas reiteradas opiniones públicas en terreno político contingente -además de algunas decisiones propiamente judiciales, pero controvertidas- han llevado a que políticos de derecha lo califiquen abiertamente como "un activista de izquierda"; cuestión que también se hizo presente durante los últimos días.
Joaquín Lavín León es hijo del exalcalde, exministro y excandidato presidencial UDI Joaquín Lavín Infante, cuyo nombre también salió al ruedo durante esta semana en el tribunal como posible beneficiario de las acciones impropias descritas por la Fiscalía, que no descartó la opción de ampliar la indagatoria hacia él.
El posible sesgo político del magistrado fue aludido, tras su resolución, a la salida del Centro de Justicia, por el abogado defensor de Lavín León, Cristóbal Bonacic, quien declaró: "El tribunal no nos escuchó".
El exparlamentario fue acompañado hoy en su comparecencia por Cathy Barriga, quien durante los últimos años alternó varios periodos de prisión preventiva y arresto domiciliario.
Una vez que Urrutia dictó la prisión preventiva para él y su exasesor Arnaldo Domínguez, salió esposado de la sala.
Bonacic espera que la medida cautelar sea cumplida en el anexo penitenciario Capitán Yáber, al que suelen caer los imputados por delitos de carácter económico, pero aquella decisión corresponde a Gendarmería.
