Por sorteo, las tres comisiones ad hoc quedaron conformadas con cuatro diputados opositores y un oficialista.
Los libelos atribuyen un notable abandono de deberes a los tres ministros de la Corte Suprema.
A través de un sorteo, la Cámara de Diputadas y Diputados escogió este lunes por la tarde a los parlamentarios que conformarán las tres comisiones revisoras de las acusaciones constitucionales, por notable abandono de deberes, presentadas en contra de los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz.
Fueron excluidos los congresistas que firmaron los libelos y los integrantes de la mesa directiva de la Corporación.
El secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, con una tómbola escogió, en primer lugar, a los nombres de la comisión que analizará la acusación presentada por Chile Vamos en contra de Vivanco y Muñoz y salieron seleccionados los diputados Eduardo Durán (Renovación Nacional), Yovana Ahumada (independiente, cercana a Demócratas), Jaime Saez (Frente Amplio), Sofía Cid (Renovación Nacional) y Chiara Barchiesi (Partido Republicano). Es decir, cuatro de oposición y uno del oficialismo.
Diputados sorteados para analizar la acusación constitucional presentada por Chilevamos contra los Ministros de la Corte Suprema Sergio Muñoz y Angela Vivanco:
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) September 23, 2024
Eduardo Duran
Yovana Ahumada
Jaime Saez
Sofía Cid
Chiara Barchiesi@Cooperativa
En segundo lugar, el sorteo dirimió a los miembros de la comisión que revisará el libelo del oficialismo más la Democracia Cristiana contra Matus, que también quedó conformada por cuatro opositores y un oficialista: Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), Miguel Ángel Calisto (Demócratas), Cristián Moreira (UDI), Félix Bugueño (Frente Amplio) y Leonidas Romero (independiente, cercano a RN).
Diputados sorteados para analizar la acusación constitucional presentada por la DC y el oficialismo contra el Ministro Jean Pierre Matus.
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) September 23, 2024
Roberto Arroyo
Miguel A. Calisto
Christian Moreira
Félix Bugueño
Leonidas Romero@Cooperativa
Finalmente, la instancia que estudiará la acusación del oficialismo más la DC contra Vivanco será integrada por Stephan Schubert (independiente, cercano al Partido Republicano), Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), Vlado Mirosevic (Partido Liberal), Marlene Pérez (independiente, cercana a la UDI), María Luisa Cordero (independiente, cercana a RN). O sea, también cuatro opositores y un oficialista.
Diputados sorteados para analizar la acusación constitucional presentada por la DC y el oficialismo contra la Ministra de la Suprema, Angela Vivanco.
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) September 23, 2024
Stephan Schubert
Roberto Arroyo
Vlado Mirosevic
Marlene Perez
María Luisa Cordero@Cooperativa
Estas tres comisiones serán las responsables de evaluar si es que proceden o no las acusaciones constitucionales contra los supremos.
El trabajo de los grupos solo es una recomendación a la Cámara Baja, que definirá el futuro de los libelos con los votos hechos en el hemiciclo.
De acuerdo con el reglamento de la Cámara, la secretaría de la Corporación tiene tres días para notificar oficialmente, de forma personal o por escrito, a Vivanco, Matus y Muñoz.
Ante la inquietud opositora porque las vacaciones de Muñoz afecten su conocimiento del libelo, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, aclaró que "la ley dice que se notifican personalmente o por cédula".
"Si usted está enfermo, y un receptor judicial le va a notificar una demanda, no vale que usted esté enfermo, lo notifica igual. Si no puede hacerlo personalmente, dejará en su domicilio legal -trabajo u residencia- una cédula, que es la copia de todos antecedentes de notificación. Está en la ley, así que da lo mismo" si el supremo está ausente de sus labores o no, cerró Landeros.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara Baja -la mitad más uno de los votos- y un respaldo de dos tercios en el Senado, que luego debe actuar como jurado.
