Luego que se conociera, en el marco del caso Audios, que el abogado Luis Hermosilla habría tenido influencia en nombramientos dentro del Poder Judicial, desde el mundo político se han manifestado abiertos a buscar un cambio en la forma en que se deciden estos cargos.
En una investigación de Ciper, se informó que Hermosilla -en conversaciones fechadas en 2021- tendría eventual influencia en la llegada de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema y de Antonio Ulloa como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, contactos que fueron reconocidos por los propios aludidos.
En el marco de la cuenta pública de Contraloría, realizada este lunes, el ministro de la Corte Suprema Arturo Prado dijo que "el nombramiento de los jueces está contemplado en la Constitución y aquí se siguieron todos los pasos regulares y normales. Está elegido un gran ministro. Las cosas hay que investigarlas, no se puede uno fundamentar solamente en rumores, en suspicacias. Si hubiera algo que investigar y si hubiera algo irregular, probable, pero hasta el momento no hay más que rumores".
Desde la UDI, su timonel Javier Macaya destacó "la figura de don Hernán Larraín, además del apoyo, además de esta presentación que se hizo a propósito del proceso constitucional, redactó un proyecto de ley como ministro de Justicia que está durmiendo hoy día, no ha sido tomado por parte del actual Ejecutivo respecto a esta posibilidad".
"Perdimos una oportunidad en el proceso constituyente, hay un proyecto que está durmiendo en la Comisión de Constitución del Senado que perfectamente se podría retomar. Así como estamos mirando el sistema político, así como estamos mirando el sistema de nombramiento de jueces, otra de las razones por las cuales nosotros creemos que se desaprovechó una oportunidad el año pasado y ojalá haya disposición para retomar estos temas", recordó.
El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) planteó que "si queremos tener y mejorar la justicia, obviamente modificar el sistema de nombramiento de los jueces y también de los notarios creo que tiene que ser una cuestión fundamental para avanzar en transparencia".
Desde el oficialismo, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, admitió que "el nombramiento de los jueces es algo que se ha analizado por muchos años, que se ha criticado, pero no se ha avanzado en cambios porque no hay ningún sistema perfecto" para designarlos.
La senadora ejemplificó que "los jueces electos popularmente también resultan ser un problema, porque finalmente se hace un populismo judicial, y nunca ha sido del gusto de la Corte Suprema esto de tener un colegio o un consejo de la magistratura" que los nombre. En ese sentido, indicó que "son discusiones que habrá que dar, pero con tranquilidad, no en la coyuntura".
REACCIÓN DEL GOBIERNO
Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseveró que "en esto hay que ser bien claros. No hay sistema institucional ni reforma legal que pueda sobrepasar o que pueda resguardar cuando se afecta a la integridad en general".
"De lo que hemos visto, no solo se resuelve con modificación del sistema de nombramiento sobre el cual hay consenso de hacerlo, sino que genuinamente se avanza si uno mantiene políticas de integridad y eso no solo tiene que ver con el Poder Judicial, sino que también tiene que ver con la profesión legal. Quiero decir que no nos quedemos con la sensación que simplemente con modificar la ley es que vamos a solucionar malas prácticas", planteó.
Por su parte, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó de "sumamente grave" la revelación que realizó Ciper, y dijo esperar que se esclarezca "en el avance de las investigaciones".
En relación a un eventual cambio al sistema de nombramiento actual de jueces, la ministra señaló que "todo lo que haya que modificar para evitar tráfico de influencias o influencias y presiones indebidas, por decirlo de alguna manera, frente a nombramientos que están arreglados, siempre hay que considerarlo y tenerlo sobre la mesa".
Sin embargo, indicó que "frente a gente que va por debajo tratando de generar influencia a pesar de las reglas y las normas, cualquier modificación de procedimiento de nombramiento lo va a vulnerar si es que tiene el objetivo y la tarea de influir más allá de los sistemas de nombramiento".
En esa línea, Vallejo advirtió que "aquí hay que tener una discusión mucho más amplia, que no es solamente normativa, sino de conducta, de ética, y que tienen que estar consideradas las figuras penales para evitarlo".
"En eso nosotros, siempre disponibles. Lo hicimos con el caso convenios, una agenda legislativa robusta, para usar estas experiencias como forma de mejora. Y en eso no les quepa duda que vamos a estar disponibles frente a este tipo de denuncias que son sumamente graves y preocupantes", remarcó.
