La Fiscalía Nacional ordenó un sumario contra el fiscal regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, debido a la salida alternativa otorgada al gerente de KDM, Fernando León, para evitar su juicio oral en el marco del "Caso basura".
Esto debido a que el persecutor incumplió normas administrativas del Ministerio Público, la que obliga a los fiscales a consultar ante este tipo de salidas alternativas a la unidad anticorrupción de la Fiscalía cuando se trate de delitos de cohecho, soborno o fraude al Fisco.
El mencionado acuerdo contempla un pago de 36 millones de pesos al Fisco y el financiamiento de un programa social de reciclaje para Maipú de alrededor de 206 millones de pesos.
"Depende de que se requiere un informe técnico por parte de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional, que debe determinar si se cumple con los parámetros que se han establecido para delitos de especial gravedad como son los delitos de corrupción, respecto de los cuales el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir con especial severidad", dijo el fiscal nacional Jorge Abbott respecto a la causa del sumario que lleva adelante el fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
Mientras, Sergio Rodríguez Oro, abogado del gerente de KDM, sostuvo que la norma administrativa no influye en la decisión de la justicia sobre el acuerdo alternativo.
"La ley orgánica del Ministerio Público radica en el fiscal regional la titularidad de la acción penal, es él quien debe decidir si la causa va a o no a una salida alternativa, por lo tanto, en ningún caso el cumplimiento o no de trámites internos puede modificar lo que la ley estableció", manifestó el jurista.
Los "peros" a este acuerdo
En este caso no solamente hubo una omisión de consulta a la unidad de anticorrupción. A ello se suma que para acceder a una salida alternativa el imputado debe arriesgar como máximo tres años de cárcel. Lo que alegan los querellantes de la Municipalidad de Maipú es que a Fernando León se le imputaban delitos de soborno y fraude al Fisco, con lo que excedería esa cantidad de años.
El abogado querellante Felipe Contreras indicó que "nosotros creemos que no se dan las condiciones procesales para haber optado a esa salida alternativa. Los hechos por los cuales se había presentado en un comienzo la acción por parte del ente persecutor eran dos cohechos y dos fraudes y para efecto de la suma de la pena no daba los parámetros mínimos para establecer esta salida alternativa. Nosotros estimamos que hay un error gravísimo".
Además de esto, se estima que el daño que produjo esta defraudación en el municipio de Maipú supera los 1.000 millones de pesos, por lo que el pago de esta salida alternativa solo implica un cuarto de este monto, debido a lo cual la Municipalidad alegó contra esta salida alternativa.
Desde el municipio señalaron que no están de acuerdo con la compensación a la que se llegó -el plan de reciclaje-, porque ya hay un plan similar en curso, no obstante este alegato no fue considerado ya que se determinó que Maipú estaba representada en la causa por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que apoyó el acuerdo.