Como "absurdo y ridículo" calificó, a priori, el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), el nuevo caso que salpica a su cartera, que esta vez involucra a la Seremi en Atacama y un convenio sobre agua potable con una organización dedicada al cine y las mascotas.
Según La Tercera, se trata de la fundación Comprometidos, creada en 2016 y que en 2019 y 2020 registraba los giros de "actividades de clínicas veterinarias" y "actividades en producción de películas cinematográficas", respectivamente.
Luego, el 21 de diciembre del 2022 se adjudicó un convenio con la Seremi del Minvu de Atacama para una colaboración en el plan "piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de la comuna de Copiapó", por un total de 128 millones de pesos, en el marco del programa de asentamientos precarios.
Tres meses después, el 7 de marzo del 2023, actualizó ante el Servicio de Impuestos Internos su rubro, añadiendo dos actividades económicas: "asistencia social" y "fundaciones y corporaciones".
"Me parece extraño, tendrá que investigarse. Parece bastante absurdo y ridículo que una empresa que se dedica a un rubro cambie a otro, salvo que tenga argumentos muy fundados que habrá que oír", comentó Montes tras ser consultado hoy por la prensa.
La Seremi de Vivienda de Atacama ordenó un sumario y la derivación de los antecedentes a la Contraloría General de la República. Además, el ministro mandató a la comisión investigadora de la cartera -creada tras estallar el caso de Democracia Viva- que investigue a Comprometidos.
Montes planteó que "en muchos campamentos se cobra el agua, y a veces se cobra incluso por personas que trafican con el agua, no organismos públicos; lo hemos combatido permanentemente, porque en todas partes es indignante", por lo que el programa de la Secretaría Regional Ministerial apuntaba a hacerse cargo del problema.
Con todo, "hay que tener los antecedentes antes de sacar conclusiones sin mayor información" sobre la fundación y el convenio.
Comprometidos tiene domicilio registrado en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, y no en Atacama; y es presidida por el excandidato a concejal y diputado en comunas de Santiago Sebastián Gonzalo Duarte, otrora dirigente del PRO -partido disuelto en 2022 por la ley electoral-.
Durante este período, también recibió 116.840.000 pesos de parte del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, encabezado por el DC Jorge Díaz, pero por labores vinculadas a su giro original: "consultas regionales de mascotas" y "control poblacional canino y felino", de acuerdo con La Tercera.
Cuando comenzaron los cuestionamientos en esta zona -que se han extendido por algunos días-, la seremi de Atacama, Rocío Díaz (RD), aseguró en un comunicado que "la firma de estos convenios se ha realizado bajo un estricto control jurídico y ético".
FUNDACIÓN PROCULTURA DENUNCIA CONVENIO "ENGAÑOSO"
La Tercera también dio cuenta este viernes de que otra de las ONG mencionadas durante la investigación del caso antofagastino es Procultura, que también suscribió contratos con la Seremi de Vivienda de esa región, en este caso por 500 millones.
Sin embargo, estos convenios fueron denunciados como un eventual engaño ante la Fiscalía este jueves, acción que relata que la fundación llegó a Antofagasta tras ser invitada por la repartición a presentar sus antecedentes y experiencia, los que serían evaluados con el fin de considerarla como posible ejecutora de iniciativas ministeriales.
Cuando la Seremi resolvió que cumplía los requisitos, suscribieron cuatro convenios el 18 de octubre de 2022, referidos a la habitabilidad primaria de las comunidades de Moisés, Betsabet, Arca de la Alianza e Israel, los cuales siguen en ejecución.
Una vez destapado el escándalo con Democracia Viva, Procultura analizó los antecedentes, con lo que "se pudo establecer que la invitación que realizó el Minvu, así como la información y documentación proporcionada por trabajadores de dicho organismo enviada a nuestra representada para participar en el proyecto, en parte habría sido falsa y disfrazada con tintes de legalidad", reza la denuncia.
