El Consejo de Defensa del Estado confirmó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que demandará al ex director general de la PDI Héctor Espinosa, a su cónyuge y a un funcionario de la institución, días después de querellarse contra los tres por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de dinero, ilícitos que habrían cometido entre los años 2015 y 2018.
"Es nuestra intención demandar civilmente a los querellados, solicitando, oportunamente, las indemnizaciones que en tal momento nos parezcan adecuadas", explicitó el CDE en un documento enviado al tribunal, según El Mercurio.
En paralelo, el Ministerio Público resolvió esta semana formalizar al ex líder de la policía civil y a los demás imputados en la causa, audiencia de comunicación de cargos que el juzgado de garantía determinó realizar el próximo 13 de octubre.
La investigación a la fecha aduce que Espinosa tuvo a su disposición más de 1.300 millones de pesos por concepto de gastos reservados y que ocupó en sumas entre los 30 y 97 millones de pesos de forma mensual, giros que habría justificado bajo la Ley de Inteligencia o actividades de vigilancia por narcotráfico.
LAS DILIGENCIAS Y CITACIONES SOLICITADAS
"Además de ser nuestro ánimo interrumpir la prescripción de las acciones civiles pertinentes, deseamos también, preparar la demanda civil", precisa el escrito, y por ello, solicita al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos -a cargo de la indagatoria-, oficiar "al Conservador de Bienes Raíces de Santiago y San Miguel para que informe si los querellados registran inscripciones de inmuebles y, en caso afirmativo, remitir dichas inscripciones con certificado de vigencia, prohibición y gravámenes".
El CDE también pidió despachar "orden de investigar para determinar la existencia de todas las sociedades en las que tengan participación o aportes los querellados o sus cónyuges", así como oficiar a la Superintendencia de Valores y Seguros para que "requiera a las administradoras de fondos mutuos, le informen si los querellados mantienen, en alguno de ellos, dichos valores".
Asimismo, se solicitó recurrir al Conservador de Comercio de Santiago y Concepción para averiguar "si existen inscripciones de sociedades mercantiles, cualquiera sea su naturaleza, en que los querellados tengan la calidad de socios o directores".
De acuerdo al matutino, el CDE se estaría adelantando con estas diligencias a futuras acciones legales para la recuperación de los eventuales bienes malversados en el caso, pero no es una demanda que se interpondrá a la brevedad.
Por otro lado, el organismo pidió a la Fiscalía interrogar en calidad de testigos a dos "analistas de la gerencia de prevención de lavado de activos", así como al "gerente de prevención de lavado de activos, todos empleados en la época de los hechos del Banco de Chile, a fin que se refieran al procedimiento adoptado por el banco ante alertas de operaciones sospechosas por lavado de activos" de parte de Espinosa.
Finalmente, pidió tomar declaración "a los funcionarios que se desempeñaron en el gabinete del director general de la PDI, entre los años 2015 y 2018", con el fin de que "se refieran a sus funciones, intervención en proceso de solicitud, cobro mensual y/o entrega de gastos reservados".
GOBIERNO: EL CDE TIENE CIERTAS FACULTADES Y LAS ESTÁ EJERCIENDO
Desde el Gobierno, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, dijo que "el CDE tiene ciertas facultades que puede ejercer en su mérito y, si las está ejerciendo, es porque tiene los antecedentes para hacerlo, pero, por supuesto, la investigación debe seguir su curso".
"Repetimos lo mismo que hemos dicho desde el primer día: como Gobierno, hemos entregado todos los antecedentes que nos han sido requeridos en este caso, vamos a seguir entregándolos y también, como lo ha dicho, el director de la PDI está a disposición de entregar los elementos necesarios para contribuir a esta investigación", señaló el jefe de gabinete.
