El secretario de Estado confirmó además que se dará inicio a un sumario administrativo.
La PDI, en tanto, allanó las sedes de cuatro fundaciones en Antofagasta y en la Región Metropolitana.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, le pidió la renuncia al seremi de la cartera en la Región del Maule, Rodrigo Hernández (RD), quien está involucrado en el caso del cuestionado convenio con la fundación Urbanismo Social, de la que fue director jurídico antes de asumir en el Gobierno.
Montes confirmó en La Moneda que "hemos resuelto hacer un sumario administrativo completo, no sólo una investigación sumaria, al seremi de Vivienda de la Región del Maule".
El ministro explicó que "el equipo que estaba investigando los antecedentes en la zona recibió nuevas informaciones en las cuáles él aparece involucrado más allá de la obligación de inhabilidad que tiene, a propósito de la firma de una solicitud de darle vigencia a Urbanismo Social".
"Al repetirse otro caso de la misma naturaleza, tener un segundo caso, lo que corresponde es que el seremi deje de ser ahora seremi, le pedimos la renuncia porque hasta ahora estaba suspendido", puntualizó.
Hernández había sido públicamente respaldado por el propio Presidente Gabriel Boric quien, entonces, sostuvo que de conocer más antecedentes su apoyo podría cambiar, como así ocurrió.
El ahora exseremi es la tercera autoridad en caer en este escándalo, antecedido por el seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, y la subsecretaria del ramo, Tatiana Rojas, todos militantes de Revolución Democrática.
Conocida la determinación de Montes, la diputada por el Maule Paula Labra (ind-RN) recordó que "el mismo Presidente Boric dijo que el seremi no tenía responsabilidades políticas que pagar", por lo que estimó que "el Gobierno ya no puede seguir estirando el chicle y encubriendo estas irregularidades. La crisis está instalada en La Moneda".
En tanto, su par de esa misma región Jaime Naranjo (PS) consideró "lamentable que altas autoridades de Gobierno engañen al Presidente Boric y a sus ministros diciendo que tienen las manos limpias, cuando claramente están comprometidos en situaciones irregulares".
Desde el Biobío, el diputado Eric Aedo (DC) complementó que "el blindaje que hiciese el Presidente de la República a autoridades regionales como el seremi del Maule fue un error importante. Demostró que no había una estrategia para enfrentar esta situación".
El Ministerio Público confirmó el allanamiento en las sedes de las fundaciones Urbanismo Social, Procultura, Tomarte, Movimiento Fibra y Democracia Viva, pues estas han suscrito contratos con el Estado.
Con autorización del Juzgado de Garantía de Antofagasta, las diligencias fueron realizadas por la PDI en las comunas de Antofagasta, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y San José de Maipo.
El vocero de la Fiscalía de Antofagasta, José Troncoso, indicó que el objeto de la diligencia es "determinar la concurrencia de delitos o la inexistencia de estos", por lo cual se incautaron diversos documentos.
En paralelo, la Fiscalía de Aysén abrió otra investigación en torno a los convenios del Gobierno Regional y la Universidad de Aysén con las fundaciones Democracia Viva y Procultura.
