En el marco del bullado caso ProCultura, la Corte de Apelaciones de Santiago revisa este miércoles el recurso que presentó la Fiscalía de Antofagasta para modificar las medidas cautelares del psiquiatra Alberto Larraín y otros tres investigados en la causa.
La semana pasada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía para Larraín y otros tres imputados, quienes quedaron solo con arraigo nacional mientras dure la investigación.
La determinación no dejó contento al Ministerio Público, que presentó un recurso que busca revertir la medida cautelar y que a todos los investigados se les dicte prisión preventiva.
Para lograr esto, la acusación se basó en varios argumentos, entre ellos los cuestionamientos por la forma en la que se contrataron pólizas para asegurar los fondos del convenio y las "relaciones de cercanía" que tenían algunos imputados, lo que justificaría el concierto entre ellos.
Una de las claves: ¿Era funcionario público?
Un punto central de su argumentación es la insistencia en que Alberto Larraín "sí era funcionario público", lo cual sería clave para configurar el delito de fraude al fisco.
El fiscal Cristián Aguilar profundizó en la postura del Ministerio Público, refutando el argumento de que la aprobación del convenio por los filtros correspondientes eximiría de responsabilidad.
Destacó que la toma de decisión por la autoridad regional no exime de que existieran irregularidades o faltas de competencia.
Se busca revertir el arraigo nacional para cuatro imputados del caso Procultura, incluyendo a Larraín, argumentando deficiencias en la contratación de pólizas y el rol del psquiatra como funcionario público. (FOTO: ATON)
"No son situaciones opuestas desde el momento que se toma por la autoridad regional una decisión respecto a cuál va a ser la fundación que va a seguir adelante la tramitación del proyecto hasta su fin. Claro, hubo reparos, y hay declaraciones que dan cuenta de que esta fundación no tenía las competencias o que no se cumplieron todos los canales". Afirmó Aguilar.
El persecutor añadió que incluso el excontralor Jorge Bermúdez, en su declaración, señaló que "el control era más bien formal", una afirmación que -asegura- fue representada al Congreso y al Ejecutivo.
La postura de la defensa
Por su parte, las defensas de los imputados, incluido Larraín, buscan que se ratifique la resolución de primera instancia, sosteniendo que el bullado psiquiatra "no era funcionario público", lo que, según ellos, impediría la configuración del delito de fraude al fisco.
Además, indican que la adjudicación de los fondos a ProCultura se realizó "bajo todos los mecanismos que establece la ley", independientemente de la ejecución final del programa.
"El Ministerio Público, en la audiencia de primera instancia, partió diciendo que el delito subyacente que podría haber cometido Alberto Larraín era estafa. En la réplica dijo: 'no, es administración desleal para ser coherente'; pero ahora cambia, la apelación dice: 'no, el delito subyacente que podría haber cometido Alberto Larraín es (el artículo) 470 N° 1'", analizó el abogado defensor de Larraín, Cristián Arias.
El abogado defensor de Larraín, Cristián Arias, indica que su representado no poseía el estatus de empleado del Estado, argumento que consideran fundamental para impedir la tipificación de la malversación contra el erario. (FOTO: ATON)
Con eso, aseguró que "ya estamos más cerca de una infracción contractual. Que haya una lesión o un perjuicio fiscal no es sinónimo de delito. Lesión patrimonial del fisco no es una presunción de fraude al fisco".
La audiencia de apelación se espera que se extienda hasta avanzada la tarde, con la participación de varias defensas y las posteriores réplicas, aunque se anticipa que la resolución final deberá ser comunicada durante esta jornada.
