La Policía de Investigaciones allanó este jueves las dependencias del Gobierno Regional de Ñuble y de la empresa de turismo Esquerré, en el Biobío, en el marco de la investigación por los convenios de la fundación ProCultura.
El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, a cargo de esta arista, junto a detectives de la Brigada Anticorrupción llegaron hasta el edificio del GORE ñublensino, emplazado en Chillán; mientras que en Concepción fueron registradas las oficinas de la firma turística por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos local.
El persecutor reveló que los delitos investigados en este caso son fraude al Fisco y tráfico de influencias.
Mediante un comunicado, Esquerré Consultores sostuvo que la referida compañía "fue proveedora de servicios de la Fundación ProCultura en diversos proyectos ligados al giro y actividades habituales de nuestra empresa, relación que concluyó, de hecho, cuando la entidad dejó de atender nuestros llamados y requerimientos".
Asimismo, remarcó que colaboró con las diligencias policiales de hoy y que está a disposición para aportar todos los antecedentes que sean requeridos.
"Son demasiados los convenios que existen entre ese Gobierno Regional, pero también el Gobierno de la Región del Bíobío, con esta empresa Esquerré, y que no tienen explicación", cuestionó el diputado Eric Aedo (DC).
"Yo espero que la Fiscalía llegue hasta el fondo de este asunto, que no sólo sean investigados los mandos medios, sino que aquí aparezcan los autores intelectuales, de este desfalco al Fisco, a las regiones, que lamentablemente ha significado que el proceso de descentralización lo han tirado al tacho de la basura por estos hechos de corrupción", sostuvo.
ProCultura está siendo investigada por convenios en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes.
Dentro de estas se ha constatado que la fundación no reintegró 990 millones de los 2.553 millones que recibió del GORE Biobío. En tanto, el Consejo de Defensa del Estado se querelló en febrero contra la representante legal de la ONG, por el delito consumado de apropiación indebida en Antofagasta.
