María Inés Horvitz y Mauricio Daza piden investigar sus eventuales gestiones con Andrés Chadwick para dar una salida paralela al proceso judicial.
En paralelo, diputados solicitaron ampliar la querella por la arista tráfico de influencias en el Poder Judicial para incorporar en el caso al otrora persecutor.
Se complica la situación del exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra, luego de que fuera ingresada una querella en su contra por parte de los abogados María Inés Horvitz y Mauricio Daza, quienes fueron querellantes en el caso Penta.
Los profesionales buscan que se persigan las eventuales gestiones del entonces persecutor con el exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI) para dar una salida paralela al proceso judicial que estalló en 2015.
Estos y otros antecedentes salieron a la luz tras un reportaje donde The Clinic reveló chats de Whatsapp que habrían sostenido Guerra con el abogado Luis Hermosilla; revelaciones que también hicieron que la diputada Camila Musante, de la bancada independiente-PPD, pidiera ampliar la querella por la arista tráfico de influencias en el Poder Judicial para incorporar en el caso al exfiscal.
"Hay suficientes antecedentes para ampliar la querella, a propósito de los hechos que involucran al exfiscal Guerra. Esta ampliación ya la realizamos, ya la solicitamos, y quedamos a la espera de lo que resuelva la fiscal (Claudia) Perivancich. Esperamos que se amplíe también porque entendemos que hay muchos juicios que van a empezar a ser cuestionados y nos vamos a dar cuenta cómo no estaban fallando ni dictando sentencia los jueces de manera independiente en nuestro país", dijo la parlamentaria.
En paralelo, hoy han seguido trabajando las comisiones revisoras de las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus.
Los libelos han sido cuestionados por los expertos invitados, tanto en forma como en fondo.
Durante esta mañana sesionaron las instancias que revisan los textos acusatorios contra Vivanco y Matus, por separado, con exministros del Tribunal Constitucional (TC) como invitados.
En el caso de Matus se ha cuestionado que se busque apuntar a la probidad del ministro por el hecho de haber mentido en un punto de prensa, apuntando a que esta figura está definida y que tiene que medirse dentro de las funciones del juez.
"La probidad, propiamente, en los términos que se establecen en la ley, exige que la probidad se refiera a conductas, a desempeños, en el ejercicio de la función, en el desempeño honesto de la función. Y lo que hay que determinar es si es que se ha hecho predominar preeminencia en el ejercicio de la función", dijo el abogado Cristián Suárez.
Respecto a Vivanco, se han agudizado críticas principalmente en lo "mal hecho" que está construida la acusación, pero también con opiniones que apuntan que lo que se acusa debe ser revisado por la Comisión de Ética de la Corte Suprema.
"Si a mí me dicen que se está acusando constitucionalmente a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia por haber infringido la Constitución o la ley, o haber dejado estas últimas sin ejecución, si yo fuera un juez de la República, lo declaro inmediatamente inadmisible", opinó Marisol Peña.
