El senador socialista Juan Luis Castro abordó este sábado el escándalo por los casos de convenios irregulares, que lo tiene a él como querellante en uno de ellos en la Región de O'Higgins, asegurando que Revolución Democrática (RD) tiene que "dar la cara y contar la verdad completa", no fragmentada como lo han hecho hasta ahora.
"Hay un partido, que es RD en este caso, que tiene los vínculos en distintos lugares y que tiene que tener una respuesta política para contar la verdad de todo esto (...) no es que eran dos locos que inventaron estas cosas y que nadie más supo. No, no creo eso. Yo creo que aquí hubo una articulación superior y en ese sentido hay responsabilidad política", analizó Castro en entrevista con El Diario de Cooperativa.
En esta línea, el parlamentario afirmó que los líderes de los partidos involucrados "tienen que dar la cara y contar la verdad completa, porque hasta ahora ha sido una verdad fragmentada, ha sido un verdadero parto de los montes, donde no ha habido capacidad de entregar una versión completa de principio a fin durante tres semanas".
"En ese sentido, tengo derecho a pedirle a los líderes de RD, a los antiguos, a los actuales y a los fundadores, ¿Por qué no se entrega la información entera? ¿Hasta dónde llega esta Fundación Democracia Viva y otras que están hoy en el ojo del huracán?", cuestionó el militante PS.
Frente a estos hechos, Castro afirmó que este "es de los peores conflictos que ha habido", dado que "la doctrina del Frente Amplio de establecer otro estándar moral y político se ha derrumbado: esa promesa dicha a los cuatro vientos cuando ellos postularon al gobierno, hoy se ve deshecha por la realidad de lo que ha pasado".
MODUS OPERANDI
De todas maneras, el senador afirmó que esto es un esquema que viene desde antes, algo que se ve reflejado en la investigación de oficio abierta por la Fiscalía Regional de O'Higgins por el convenio entre el Ministerio de Vivienda y Arquiduc en el año 2021, hecho registrado en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
"Tuvo un modus operandi que nos parece conocido (por los actuales casos), pero que viene de otro periodo de gobierno distinto al actual y cuyos agentes eran miembros de partidos afines al gobierno de turno de la época, es decir, del sector del presidente Piñera", detalló Castro, quien afirmó que en el caso Arquiduc son militantes de Renovación Nacional y de Evópoli quienes tuvieron algún rol.
"El tribunal tendrá que citar, invitar y proceder a tener la versión de ellos", analizó el parlamentario, que detalló también que "lo concreto es que eso ya desapareció en el tiempo, desaparecieron los trabajos y nunca hubo rostro visible al respecto, pero había esta doble pertenencia, esta doble función de que la misma persona de la fundación a la vez tenía un cargo, en este caso jerárquico, ser jefe de gabinete del director".
Esto demuestra que las falencias en los convenios con fundaciones "es un problema estructural, un problema que no se inventó solo en este gobierno. Sin duda que hay vacíos que hay que superar en cuanto a la normativa".
EL CUESTIONADO ACTUAR DE LAS FUNDACIONES APUNTADAS
En diálogo con Cooperativa, Castro explicó que aunque siempre ha existido colaboración de privados para el objetivo de tener casas a sectores vulnerables, el problema es que los casos investigados demuestran que las fundaciones involucradas "tenían un rol político, participaron en el Apruebo o participaron en campaña presidenciales", por lo que se diferencian de otras históricas fundaciones, como Techo o Teletón.
En detalle, afirmó que las fundaciones apuntadas "van buscando lugares en donde, gracias a las amistades y los contactos políticos, se generan proyectos que les permiten subsistir, pero son mal habidos porque en la práctica disfrazan lo que no saben hacer y se ofrecen como alternativa".
"Se les da la pasada, porque no son licitaciones públicas, no es que compitan con otras empresas bajo la ley de compras públicas y gana el mejor. No, aquí bastaba tener la conexión con el que mandaba, que era una autoridad tipo seremi o serviu y ya. Se les daba la transferencia, se pagaba todo y los trabajos que han quedado botados", alertó sobre el actuar de estas organizaciones.
"Finalmente se descubre que había vínculos políticos que pavimentan el camino para esas transferencias millonarias de dinero de grupos que tenían una acción política", profundizó el parlamentario, que complementó su análisis cuestionando los cambios de giros de esas fundaciones, los trabajos incompletos que han desarrollo y el aprovechamiento "de una conexión política en una región determinada para ofrecer servicios que no eran los propios de ellos".
Debido a esto, señaló que esos dineros involucrados en los convenios la justicia debe determinar si son "malversación o son fraude al fisco".
