El Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (ex-PS), por presuntos delitos tributarios cometidos durante su administración y que alcanzan un perjuicio fiscal superior a los 474 millones de pesos.
En detalle, la acción judicial es contra Godoy y otras dos personas -representantes de empresas-, quienes son acusados de los delitos consumados y reiterados de corrupción, falsificación o uso malicioso de documentos privados, fraude al fisco y falsificación o uso malicioso de documento público.
La acusación detalla que Godoy, en el ejercicio de sus potestades, "favoreció arbitrariamente a ciertos contribuyentes mediante diversos actos", entre ellos el "fragmentar compras, dividiéndolas para burlar la normativa sobre compras públicas; adjudicar múltiples contratos vía trato directo sin justificación; no cobrar multas por incumplimientos; efectuar publicaciones por plazos más breves de las licitaciones y pagar a algunas empresas por obras no ejecutadas".
"En especial, dispuso adjudicaciones de contratos a ciertas personas, como los también imputados Javier Cornejo y Diego Barba, o sus empresas, beneficiándolas abiertamente a cambio de dádivas o pagos recibidos", puntualiza el escrito.
Según informó la representación del SII, el perjuicio fiscal provocado por estas tres personas asciende a la suma -actualizada a de marzo del 2024- de 474.356.138 pesos, la que se enmarca en delitos ocurridos entre el 2021 y 2023.
La exorbitante suma se desglosa en declaraciones maliciosamente falsas en los años tributarios 2022 y 2023, la omisión maliciosa de la declaración anual de impuestos en 2023, el aumento indebido del crédito fiscal amparado en facturas falsas y finalmente un aumento indebido de crédito fiscal amparado en adquisición de station wagon y/o vehículo de alta gama, que no dan derecho a crédito fiscal.
Cabe recordar que el alcalde también será formalizado el próximo 9 de abril por cuatro delitos de corrupción, en una causa que liga también a empresarios con presuntas licitaciones y tratos directos irregulares.
