El organismo que dirige Jorge Bermúdez cerró este jueves el sumario que comenzó cuando el exmilitante RN aún era alcalde y decidió formular cargos en su contra.
Hubo vulneración grave del principio de probidad por parte de él y otras 10 personas que trabajaron bajo su administración, de acuerdo al informe.
Un sumario administrativo de la Contraloría General de la República concluyó este jueves que hubo vulneración grave del principio de probidad por parte del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba del Pedregal y una decena de otras personas que trabajaron bajo su administración, incluida la exdirectora de Desarrollo Comunitario, la publicista Antonia Larraín Prieto -quien destapó el sistema de entrega de dineros-.
Según consigna La Tercera, la indagatoria, que comenzó en 2021 -cuando Torrealba aún era jefe comunal-, acreditó la circulación de dinero en efectivo desde las corporaciones Vita a la oficina del exmilitante de Renovación Nacional, quien instruía a sus choferes a que realizaran, como parte de sus labores diarias, depósitos en diversas cuentas corrientes.
Al exalcalde se le atribuye delegar la facultad de entregar subvenciones a través de un tercero -contrario a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades- y sin la aprobación del Concejo Municipal.
Entre 2011 y 2021 Torrealba acumuló 527 millones de pesos en cuatro cuentas corrientes gracias a depósitos realizados en efectivo, de acuerdo al sumario.
Tras la investigación, la Contraloría decidió formular cargos por vulneración grave al principio de probidad en contra de Torrealba, Larraín y al menos otras nueve personas, entre los que se encuentran José Bucarey, director de Administración y Finanzas; Natalia Ortiz, subdirectora de Finanzas; y Patricia Bravo, directora de Control.
Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, quien alista la formalización de cargos contra Torrealba por fraude al fisco y malversación de causales públicos.
La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, comentó que "hemos sido informados que la Contraloría General de la República, después de largos meses, cerró la etapa investigativa relacionada co las irregularidades detectadas en los programas Vita, y ha tomado la decisión de presentar cargos contra funcionarios y exfuncionarios".
"Ahora ellos tienen la posibilidad de presentar sus descargos y la Contraloría va a tener que evaluarlos, ponderarlos y proponer sanciones, por lo tanto con esta etapa, yo como alcaldesa, no me puedo referir en detalle al proceso", agregó.
