El Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpables este miércoles a los dos imputados de dar muerte a Tamara Moya, niña de cinco años que fue baleada tras un intento de robo en la comuna capitalina de Huechuraba, a fines de febrero del 2021.
El juicio en contra de Alan Gallardo (18 años) y un adolescente de 17 años, quienes fueron imputados por el robo con homicidio, comenzó el pasado 23 de mayo.
Por este caso, el Ministerio Público solicitó la pena máxima para ambos imputados: presidio perpetuo calificado para el adulto, mientras que para el menor de edad pidió 10 años de internación provisoria.
Además de este delito, también fueron encontrados culpables de receptación de vehículo motorizado y robo con intimidación, sumando el tráfico de drogas en el caso de Gallardo.
La sentencia se conocerá el próximo 17 de junio.
Raúl Moya, padre de la menor, expresó posterior al juicio que "nosotros jamás vamos a poder estar con Tamara nuevamente, ellos igual van a tener la posibilidad de alimentarse, de recibir visitas; en algún momento, de reinsertarse, en cambio nosotros nos sigue quedando lo mismo que nos viene quedando desde hace más de un año, que es limitarnos a visitar a nuestra hija en el cementerio".
Mientras que la madre, Camila Almonacid, indicó que "todavía seguimos luchando también con Ley Tamara y nos ha permitido seguir adelante, no decaer, y a seguir más fuertes y firmes que nunca con todo lo que se viene, porque el 17 de junio tendríamos que ya decir que "Justicia para Tamara" está listo, pero también recordar que hay todavía muchos casos y muchos niños que todavía necesitan justicia".
Por este caso había un tercer involucrado, de 16 años, sin embargo, un mes después de este crimen, se dio a conocer que en otra "encerrona" pero en la comuna de Pudahuel, un carabinero de franco, quien haciendo uso de su arma debidamente inscrita, se enfrasco en un intercambio de disparos y dio muerte a este delincuente.
En medio de la conmoción provocada por el caso, posteriormente se ingresó un proyecto de ley que busca agravar e incrementar las penas de los delitos que sean cometidos contra niños y niñas, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, el cual fue aprobado por el Senado, en general, en su segundo trámite legislativo.
