Sergio Olivares, de 67 años, está reconocido en el Informe Valech, sobre prisión política y tortura.
El Estado le entrega 1,3 millones de pesos anuales, reajustables, además de otras ayudas.
Olivares estuvo detenido político en Chile entre 1974 y 1978, y formó parte de un comando de secuestro en Brasil en 1989.
Sergio Olivares, el ex mirista detenido por el crimen de un guardia privado de una sucursal de ServiEstado de San Bernardo figura como víctima en el Informe Valech, sobre prisión política y tortura, por lo que recibe anualmente un bono de reparación otorgado por el Estado.
El Mercurio informó que la pensión equivale, según la ley, a 1 millón 353 mil 798 pesos reajustables, además de ayudas en salud, educación y otras materias que benefician a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Durante la dictadura, Olivares fue detenido político por participar de acciones llamadas "subversivas" del MIR entre 1974 y 1978, recibiendo la amnistía el 18 de abril de ese último año, de acuerdo a un certificado de Gendarmería incluido en el archivo del Museo de la Memoria.
El matutino también rescató otros antecedentes económicos particulares de Sergio Olivares, de 67 años, como que vivió en San Bernardo hasta 2013, y en esa misma comuna existe una propiedad a su nombre con avalúo fiscal de 27 millones 640 mil 806 pesos, y un automóvil Hyundai del año 2018.
El martes se amplió su detención tras el presunto intento de asalto a la sucursal bancaria, por lo que la formalización se realizará este jueves a las 10:00 horas en el Tribunal de Garantía de San Bernardo, mediante videoconferencia.
Olivares también integró un comando del MIR que secuestró y mantuvo como rehén al vicepresidente de la cadena de supermercados brasileña Pao de Azúcar, Abilio Diniz, el 11 de diciembre de 1989.
En el grupo participaban un brasileño, dos canadienses, dos argentinos y cinco chilenos. De estos últimos, todos fueron repatriados en abril de 1999, un año antes de que Gendarmería les concediera la salida diaria y dominical, mientras que Olivares obtuvo la libertad condicional el 25 de mayo del 2000.
El abogado de derechos humanos Nelson Caucoto lamentó la nueva situación judicial que enfrenta el ex mirista, y dijo al diario que durante el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó una denuncia a la CIDH por discriminación en materia de beneficios carcelarios a chilenos presos en Brasil.
"Eran cinco o seis miristas a quienes no conocía, y actué por cuenta propia. Lo mío quedó en el camino, porque Frei, en un viaje a ese país, logró algo impensado con el Presidente Henrique Cardoso: que se les expulsara de Brasil. Se firmó un Convenio de Transferencia de presos", recordó.
De acuerdo al jurista, sólo los presos chilenos quedaron detenidos al llegar a sus países, por lo que ingresó una frustrada solicitud de indulto en su favor.
"La respuesta fue negativa porque el indulto era materia del gobierno del Brasil. Sin embargo, después fueron puestos en libertad. Nunca más supe de ellos", remató Caucoto.
