El fiscal José Morales, de la Unidad de Alta Complejidad del Ministerio Público, pidió una nueva formalización para los imputados por el caso La Polar, esta vez por el cargo de entrega de información falsa a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a través de Inversiones SCG, sociedad que emitía la tarjeta de crédito de tienda y reportaba los estados financieros.
La audiencia quedó fijada para el 1 de agosto y afectará a los ex altos ejecutivos Pablo Alcalde, María Isabel Farah, Julián Moreno, Nicolás Ramírez, Santiago Grage, Pablo Fuenzalida, Martín González, Marta Bahamondes e Ismael Tapia.
Los primeros cuatro ya están formalizados por infracción al artículo 160 de esta legislación, que es entrega de información falsa a los bancos para conseguir recursos y financiamiento.
Ante este anuncio, Jorge Bofill, abogado de Alcalde, dijo que "el Ministerio Público está anunciando una formalización adicional, un nuevo cargo en contra de los imputados, eso abre un nuevo frente, es un cargo que no conocemos".
"No sabemos en qué hechos se fundamenta y por lo tanto la reacción natural como abogado de la defensa es 'déjeme ver primero de qué se trata el cargo para ver si se debe encargar una nueva diligencia y por lo tanto ampliación del plazo de investigación antes de entrar a analizarlo', por lo tanto, no sé lo que vamos a hacer porque tengo que escuchar cuál es ese cargo nuevo", agregó.
En este mismo caso, Bofill recurrió durante la jornada a la Corte Suprema en un alegato pidiendo que se anule el proceso sancionatorio de la Superintendencia de Valores que los multó por 571 millones de dólares (25 mil UTM), en el proceso por esta entrega de información falsa.
Para respaldar esta diligencia, el abogado de Alcalde afirmó que "a él, o a su defensa, no se le permitió contrainterrogar al principal testigo de cargo contra Pablo Alcalde que es Julián Moreno. El 1 de diciembre de 2012 a la una de la tarde la Superintendencia dice 'hasta aquí no más llegamos con la declaración del señor Moreno, contrainterrogaciones no hay porque no tenemos más tiempo'".
"Eso es inaceptable en un procedimiento sancionatorio porque como ha dicho la excelentísima Corte Suprema en muchas oportunidades en estos procedimientos rige el debido proceso y el derecho a contradecir la prueba de cargos", añadió.
Por su parte, el defensor de María Isabel Farah, el abogado Álex Caroca, señaló que "por la información que nosotros manejamos, se trataría de los mismos hechos y, por lo tanto, si bien es un paso en orden a ir concluyendo esta investigación, la verdad es que incidencia mayor no debería tener, porque aquí lo que interesa son las pruebas que van a presentar tanto la Fiscalía, los querellantes, como las defensas".
De esta forma, Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno quedarán imputados de lavados de activo o dinero, uso de información privilegiada, entrega de información maliciosamente falsa al mercado e infracciones a las leyes de Mercados de Valores y General de Bancos por las millonarias repactaciones unilaterales.