Pedirá que revierta negativa de la SVS a entregar antecedentes de la investigación.
Se indagan presuntas irregularidades de la empresa de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet.
Dos de los cargos contra Ponce Lerou tinen penas de hasta 10 años de cárcel.
La Fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) revierta la negativa a entregar antecedentes del caso Soquimich, también conocido como caso "cascadas".
Este jueves la el titular de la SVS, Fernando Coloma, informó de la negativa a entregar datos de las indagatorias bajo el argumento de que busca reserva del caso lo que en su opinión no estará asegurado por el Ministerio Público.
En el proceso de la SVS se formularon cargos contra el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercados de Valores.
La presentación ante la corte la hizo el fiscal José Morales, jefe del Departamento de Alta Complejidad, que investiga la querella interpuesta por el abogado Mauricio Daza en representación de un socio minoritario.
"La Fiscalía Regional va a presentar un recurso especial del artículo 19 del Código Procesal Penal para los efectos que la corte ordene al superintendente entregar los antecedentes", dijo Morales.
"Creemos que la vía procesal es la idónea porque en otros casos como La Polar en circunstancias similares la Superintendencia entregó de inmediato los antecedentes y no vemos cuál es la diferencia con este caso", agregó el fiscal.
"Obviamente son importantes porque son antecedentes de hecho que sirven para guiar nuestra investigación y pueden marcar eventuales delitos", argumentó.
La investigación aborda operaciones bursátiles cuestionadas entre 2009 y 2011, las que le habrían permitido generar oportunidades de negocios a empresas ligadas a Ponce Lerou además de a sociedades que la autoridad denomina cascada: vinculadas e instrumentales.
Entre los cinco cargos formulados contra Ponce Lerou dos pueden ser delitos que contemplan penas de hasta 10 años de cárcel: efectuar transacciones ficticias y transar o inducir a transar valores por mecanismos engañosos o fraudulentos. Pero de conocerse el expediente se podría abrir una nueva arista si se constituye el delito de asociación ilícita.
