La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la responsabilidad del Estado en la tragedia.
Se deberá pagar entre 20 y 40 millones de pesos a familiares por daño moral.
La catástrofe ocurrió en diciembre de 2010, donde 81 reclusos perdieron la vida.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este martes que el Fisco deberá indemnizar con entre 20 y 40 millones de pesos por daño moral a los hermanos e hijos, respectivamente, de los internos que murieron en el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido en diciembre de 2010.
En fallo unánime, el tribunal de alzada rechazó un recurso de casación deducido por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la sentencia, estableciendo así la responsabilidad del Estado en el siniestro que cobró la vida de 81 privados de libertad, por falta de servicio.
"Tal como el juez precisa, tales circunstancias pudieron evitarse, fuera desde un principio, por control y, asimismo, de haber existido otras directrices en relación a la posibilidad autorizada a los internos de mantener balones de gas, el grave hacinamiento, la baja dotación de funcionarios y, entre otras, las graves falencias de protocolos de reacción, capacitaciones y mantención adecuada de las redes secas y húmedas", sostuvo el fallo.
Asimismo, la resolución impugnó que existe "prueba concreta en torno al daño producido en cada grupo familiar que, por cierto, alcanzó a los hermanos y también a los hijos de los reclusos fallecidos en el sentido que el vínculo familiar tan próximo (debidamente probado) autoriza a presumir los afectos y emociones existentes entre hermanos y entre padres e hijos, así como el dolor que se experimenta en la pérdida de aquellos y, más aún, en circunstancias tan horrorosas".
"Finalmente, estos juzgadores coinciden con la regulación de daño que ha hecho el sentenciador, distinguiendo entre los hijos, cuyo vínculo estima más cercano a las víctimas, a quienes ordena indemnizar con el doble de lo que regula a favor de los hermanos", concluyó la sentencia.
