La Corte Suprema ratificó que hubo responsabilidad del Estado en el hecho.
Catrileo fue asesinado en los primeros días de 2008.
La madre y hermana del joven recibirán 80 y 50 millones respectivamente.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este lunes la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización a los familiares de Matías Catrileo, que falleció el 3 de enero de 2008 por un impacto de bala disparado por el carabinero Walter Ramírez.
De acuerdo al fallo, el fisco deberá pagar 80 millones de pesos a María Quezada y 50 millones a Catalina Catrileo, madre y hermana del joven, respectivamente.
En el fallo se determinó la responsabilidad del Estado en el actuar del cabo Ramírez, planteando que los "antecedentes son bastantes para estimar concurrente la ejecución de una acción ilícita por parte de una persona que tenía la calidad de agente policial del Estado, invocando y actuando en su condición de tal durante los sucesos".
"Esta conducta reviste rasgos delictivos desde el punto de vista criminal y que, en lo concerniente a la responsabilidad civil, constituye, a lo menos, un cuasidelito si se le pone en relación con el resultado lesivo, toda vez que el agente, aun sin la intención positiva de causar el daño, obró negligentemente en el cumplimiento de una orden o en el ejercicio de sus funciones policiales, empleando, sin motivo racional, violencias innecesarias que aparejaron la muerte del ofendido Catrileo Quezada", indica el texto.
Además, plantean que existe una "franca inobservancia del estándar de diligencia esperable para el órgano policial, concretado no sólo en el cumplimiento deficiente o inadecuado de sus fines y deberes institucionales, sino, además, en un obrar perjudicial o lesivo para el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales que era su deber respetar y promover".
Finalmente, en la resolución se concluye que "si bien la prueba analizada no resulta siquiera indiciaria de que la muerte de Matías Valentín Catrileo Quezada se inserte dentro de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil que responda a una política del Estado o sus agentes; sí resulta un aporte que tiende a reafirmar la realidad ya conocida públicamente sobre el alto grado de preocupación y tensión que provoca la insatisfacción de las reivindicaciones territoriales indígenas en la comunidad mapuche".
