Según los antecedentes que maneja, Francisco Ugás apuntó que la acción tenía como objetivo "evitar, eventualmente, que existiese prueba que pudiese incriminar al dictador".
Se espera que la Corte de Santiago conozca hoy las apelaciones por el procesamiento dictado por el ministro Mario Carroza contra tres oficiales del Ejército en retiro.
El abogado Francisco Ugás, querellante en el caso Frei, expuso que la quema de archivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI) ocurrida en democracia, por la que hay tres oficiales del Ejército en retiro, se registró en la época en que Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres (1998-2000).
"Esta documentación se destruye justo en la época en que Pinochet había sido detenido en Londres y se esta discutiendo su persecución penal por parte de la Audiencia Nacional española, que por principio de justicia universal lo perseguía penalmente", dijo el jurista en conversación con El Diario de Cooperativa.
En ese marco, sostuvo que "los antecedentes que uno puede desprender, apuntan a que la realización de esto era para, eventualmente, evitar que existiese prueba que pudiese incriminar al dictador".
A inicios de febrero el el ministro de fuero Mario Carroza sometió a proceso y ordenó la detención de tres oficiales del Ejército en retiro por sustracción o destrucción de archivos microfilmados de la CNI, entre los que habría material sobre el seguimiento de la central al ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
Según consta en la sentencia, este ilícito fue perpetrado en los años 2000 o 2001, al interior de la Escuela de Inteligencia del Ejército, ubicada en la localidad de Nos, en la comuna de San Bernardo, ya en democracia y en una época en que la "Mesa de Diálogo" buscaba aclarar el destino de los detenidos desaparecidos.
Los involucrados son Eduardo Jara Hallad, ex general de brigada y director de inteligencia del Ejército (DINE) a la época de los hechos, en calidad de autor del delito; mientras que la ex teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich fue procesada como cómplice, y el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Carlos Patricio Chacón Guerrero, como encubridor.
"Según se establece en el procesamiento, Eduardo Jara Hallad ordena a Mercedes Rojas, subordinada, revisar microfilmes de la CNI, ella revisa, da cuenta del contenido y él le ordena destruirlos, y posteriormente Jara Hallad, una vez destruida esa información, reporta a Carlos Patricio Chacón la acción", detalló Ugás.
En tanto, precisó que de momento "no se ha podido establecer si hay alguien superior a Jara Hallad que le haya insturido la destrucción de los archivos; hay que tener presente que el Ejécito es una institución jerarquizada".
Este caso surgió como una arista del magnicidio del ex Presidente Frei Montalva, sobre el cual falló en primera instancia el juez Alejandro Madrid en enero de 2019: tras una diligencia instruida por aquel ministro, el Ejército instruyó una investigación sumaria tendiente a aclarar el tratamiento regular, respecto al reglamento de custodia, archivo y destrucción de documentación, de actas de incineración de documentos de inteligencia y contrainteligencia de la DINE entre 1980 y 1982; las directivas para la ejecución de Actividades Anuales en materia de Inteligencia entre 1980 y 1982; y la carpeta operativa sobre acciones realizadas hacia Frei Montalva.
"La investigación arrojó como resultado que en definitiva esta información fue incinerada, inobservándose todas las normas que reglamentan el tratamiento de información de inteligencia y contrainteligencia", afirmó el abogado Ugás.
El sumario respectivo, realizado en 2016 por el entonces general de División y jefe del Estado Mayor del Ejército, Ricardo Martínez -hoy comandante en jefe-, fue remitido por el entonces ministro de Defensa, José Antonio Gómez, a la Justicia; asimismo, Erika Hennings, sobreviviente de Londres 38 y quien preside la agrupación homónima, se querelló en 2017.
Esta acción del Ejército para investigar la destrucción de archivo "quizás es una excepción", planteó Ugás: "He tenido al oportunidad de trbajaar en múltiples casos de nvestigaciones de crímens de la dictadura, y la verdad es que la aportaicón que han realizado las ramas de las Fuerzas Armadas y las de Orden al esclarecimuento de los crímenes dela dictadura ha sido escasísimo", argumentó.
Este lunes la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago deberá conocer las apelaciones de las partes de este caso: preliminarmente se conoce que apelaron por escrito las defensas de Jara Hallad y de Chacón Guerrero, y la de Rojas Kuschevich lo hizo verbalmente.
Por su parte, la Democracia Cristiana y la organización Londres 38 también apelaron, solicitando que se recalifique las participaciones de Chacón y Rojas como autores.
El tribunal de alzada debería resolver si confirma la decisión del ministro Carroza y, por tanto, se mantienen los procesamientos; o bien si acoge alguna de las apelaciones y modifica o, eventualmente, revoca alguno de los procesamientos.
