El presidente de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jaime Balmaceda, explicó en Cooperativa por qué, pese a considerar acreditada la presencia de "infiltrados" de la dictadura en el entorno del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, no se estimó esto como una prueba de que fuera asesinado.
El tribunal de alzada causó impacto público ayer al revocar el fallo del 30 de enero de 2019, en que el ministro en visita Alejandro Madrid había dictado seis condenas por el magnicidio, declarando autor a Patricio Silva Garín, coautores a Raúl Lillo Gutiérrez y Luis Becerra Arancibia, cómplice a Pedro Valdivia Soto y encubridores a Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere.
"Nosotros valoramos la prueba que fue producida y concluimos que esa prueba que se había rendido respecto de ese punto no era suficiente para probar aquello que en el fallo de primera instancia se había estimado comprobado. Efectivamente se demostró que el entorno del Presidente Frei Montalva había sido infiltrado y que el acusado Lillo Gutiérrez era un agente civil de la CNI y que estaba encargado de vigilar sus movimientos -por ponerle nombre-, y también su ex chofer -que había dejado de serlo hace ya muchos años, pero que mantenía contacto con la familia Frei dada la cercanía que se había generado con el ex Presidente", explicó Balmaceda en conversación con El Diario de Cooperativa.
Sin perjuicio de lo anterior, "se descartó que la infiltración en el entorno de la familia Frei tuviera injerencia en la sucesión de hechos que terminó con su fallecimiento", explicó el magistrado.
Balmaceda indicó que "resultó que ninguna prueba hubo de cuáles fueron las informaciones precisas y determinadas que estas personas entregaron y que habrían permitido ejecutar acciones a quienes se atribuyó participación en calidad de autores".
Junto a esto, Balmaceda manifestó que "nosotros no recibimos ninguna presión de ninguna clase, lo que recibimos fueron facilidades de la Corte Suprema para poder dedicarnos seis semanas de manera exclusiva al estudio de los 65 tomos del expediente, de las ocho cajas de documentos, hicimos un trabajo absolutamente tranquilo, a conciencia, presión no recibimos absolutamente ninguna".
"No es echar por tierra un fallo, nosotros jurídicamente revocamos un fallo en el que no coincidimos con la forma como se había valorado la prueba y como se habían fijado los hechos, y eso es absolutamente posible en el sistema judicial chileno como está concebido. El hecho que la investigación dure más o muchos años no tendría porque asegurar un resultado determinado", aseguró ante las críticas por el rechazo al fallo del juez Madrid.
