Luciano Foullioux, abogado querellante en el caso Frei Montalva, aseguró que la confirmación de los procesamientos contra tres oficiales en retiro del Ejército por la destrucción de archivos de la CNI "ratifica la ruta" sobre el asesinato del ex Presidente a manos de la dictadura.
El jueves la Corte de Santiago confirmó una resolución apelada, y dejó sometidos a proceso en calidad de autores del delito a la ex teniente coronel Mercedes Rojas Kuschvich y el ex director de inteligencia del Ejército Eduardo Jara Hallad; mientras el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Carlos Patricio Chacón Guerrero quedó procesado como encubridor.
La destrucción de archivos microfilmados de la Central Nacional de Informaciones (CNI, policía secreta de la dictadura del Pinochet y sucesora de la DINA) que pasaron a manos del Ejército ocurrió los años 2000 y 2001 en la Escuela de Inteligencia de la institución, en la localidad de Nos, San Bernardo.
Eliminación selectiva
El abogado Foullioux señaló esta mañana a Cooperativa que el hecho apunta directamente al magnicidio del ex Presidente, quien falleció el 22 de enero de 1982 tras complicaciones que apuntan a un envenenamiento con talio y mostaza sulfúrica.
"Viene a ratificar la ruta que creemos que tuvo el asesinato del Presidente Frei Montalva", dijo a El Diario de Cooperativa Foullioux, al explicar que los archivos incinerados fueron escogidos "selectivamente", del periodo comprendido entre los años 1980 y 1982.
"Esta situación tiene una incidencia importante por sí misma, pero tiene que ver directamente con la situación del Presidente Frei Montalva, porque coincide con el periodo de mayor hostigamiento, amenazas y muerte" del ex Mandatario, y es "precisamente donde se eliminan las carpetas que tenía en resguardo la CNI por los seguimientos también de la DC, religiosos, empresarias, laborales, sindicales", indicó.
Lo ordenó Izurieta
"Esta orden se da el año 2001 directamente por el comandante en jefe del Ejército de aquel entonces, según lo dicen los propios procesados, los propios generales que están procesados y que recibieron la orden por parte del general Ricardo Izurieta (fallecido en 2014)", sin existir orden escrita, sino sólo verbal.
"Por la incidencia que tiene esto, se hizo de forma antirreglamentaria e ilegal, y no se levantó acta que se obliga en este tipo de situaciones", agregó el letrado.
