La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) comunicó este miércoles que ya comenzó el procedimiento de invalidación de pensiones a ex funcionarios de Gendarmería, tal como ordenó un dictamen emitido este martes por la Contraloría General de la República, proceso que se podría extender hasta por seis meses.
La resolución del organismo contralor ordenó iniciar el procedimiento de invalidación de las pensiones de 11 ex funcionarios de Gendarmería, entre los que se cuenta la ex esposa del diputado socialista Osvaldo Andrade, Myriam Olate, por sobrepasar el tope legal de 60 UF (un millón 570 mil pesos).
Ante esta situación, Dipreca informó que "procederá de acuerdo a lo instruido por el órgano contralor e iniciará el procedimiento de invalidación de cada una de las 11 resoluciones que concedieron pensiones de retiro a los ex funcionarios de Gendarmería señalados en el dictamen".
Dipreca aclara que "la instrucción del órgano contralor no implica la invalidación inmediata de las 11 resoluciones ya señaladas, sino que el inicio de un procedimiento administrativo, cuyos plazos se encuentran establecidos y regulados", el que "se iniciará dentro de los próximos 15 días hábiles y que no deberá extenderse por más de seis meses".
La Dirección de Previsión de Carabineros remarca que al término del procedimiento "decidirá sobre la pertinencia o no de la indicación solicitada", lo que incluso podría llegar "a ordenar la suspensión total o parcial del pago de la pensión de retiro".
Continúan críticas a contralor
Desde Gendarmería, Óscar Benavides, presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, criticó que el dictamen "es poco razonable y, en definitiva, se plantea en términos de, prácticamente, estar tratando de modificar toda la legislación en cuestión de que la función del contralor general de la República es interpretar la ley, no legislar".
"Desde ese punto de vista, nos preocupa que el contralor general de la República hoy en día esté en esa postura y nos parece que el contralor ha adoptado una actitud de animadversión en contra de estos funcionarios públicos y nos parece que no se puede pasear por todas las instituciones cual inquisidor", añadió.
En tanto, el diputado Gabriel Silber (DC) afirmó que "al final del día se instala el imperio del derecho, aquí corresponde la invalidación del acto administrativo, como obliga efectivamente Contraloría a Gendarmería de Chile".
"Sí me queda la duda porque solamente civiles al parecer están en esta interpretación y no otros funcionarios de la institución, que a mi juicio también deben ser objeto del mismo escrutinio, pero las resoluciones se acatan y de alguna manera se salda un tema que, en justicia, correspondía", cuestionó el parlamentario.
Anteriormente, el comandante Alberto Figueroa, representante de los suboficiales de Gendarmería, apuntó que la mencionada resolución del órgano contralor "deja de manifiesto el desorden administrativo que tiene la Contraloría".