El Ministerio Público solicitó prisión preventiva este sábado para 62 de los detenidos en el bullado caso "Operación Apocalipsis", que destapó una compleja red de corrupción al interior de Gendarmería.
Durante esta jornada, en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, se siguió con la lectura de cargos contra los 70 imputados -47 gendarmes y 23 civiles- que están vinculados a este caso.
Tras la audiencia, el tribunal estableció también un plazo de 300 días para la investigación, aceptando la petición de Fiscalía y rechazando los plazos más acotados, de entre 90 y 180 días, que solicitaba la defensa.
Asimismo, se confirmaron las medidas cautelares para ocho de los imputados, quienes lograron un acuerdo con el Ministerio Público. Como resultado, dos de ellos quedaron en prisión preventiva, mientras que otros seis cumplirán arresto domiciliario total.
Entre ellos hay un caso particular: una imputada con necesidad de quimioterapia semanal recibió un permiso especial durante este proceso.
Los objetivos del Ministerio Público
Respecto al avance del proceso judicial, el fiscal metropolitano occidente, Marcos Pastén, explicó que como Ministerio Público deben "mostrarle al tribunal cuáles son los antecedentes que se tuvieron para solicitar las órdenes de detención por las cuales llegaron estas personas al procedimiento".
En esta línea, afirmó que les "permiten justificar dos puntos que son centrales: Primero, la existencia de un delito, es decir, que estos antecedentes dan cuenta de que acá hay un ilícito penal. Y segundo, participación fundada de los imputados a los cuales estamos formalizando, (ya que) participan en esos delitos ya sea en calidad de autor, cómplice o encubridor".
Mientras se espera la resolución para la mayoría de los acusados, ocho de los imputados ya tienen medidas cautelares definidas. (FOTO: ATON)
"Aunque nosotros ya dijimos que son todos autores directos de los hechos por los cuales los estamos formalizando", precisó el persecutor.
La postura de la defensa
Por su parte, las defensas han levantado cuestionamientos sobre las calificaciones jurídicas de los delitos imputados. Para los 47 funcionarios de Gendarmería involucrados, los cargos incluyen asociación criminal, cohecho y lavado de activos.
En el caso de los 23 civiles, el delito de cohecho es reemplazado por el de soborno.
Respecto a esto, María Ignacia Barrera, abogada de cinco de los imputados, señaló que están "cuestionando la calificación jurídica respecto al lavado de activos. También estamos cuestionando la existencia de una asociación criminal y respecto al cohecho también hay un cuestionamiento a la base".
"Creemos que no se consideran o no se satisfacen todos los presupuestos, más allá de que existen o que se han aportado antecedentes de supuestas transferencias bancarias y alzamientos del secreto bancario", cuestionó.
Se anticipa que la formalización se prolongará al menos hasta el lunes, a la espera de que se definan las medidas cautelares para los 62 imputados restantes. Las autoridades no descartan que esta investigación, calificada de "larga data", pueda implicar a más personas en el futuro.
